La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a la SGAE debido a dos motivos. Uno son los acuerdos de tarifas planas, independientemente del repertorio que se use, que la SGAE firma con las grandes empresas de radiodifusión. El segundo es la práctica de licenciar su repertorio de manera universal. Según Competencia, esta práctica de la sociedad de gestión de autores tendría la "finalidad y posible efecto de reforzar la posición monopolística de SGAE e impedir tanto la competencia por otras entidades de gestión como la entrada y expansión de nuevos operadores en el mercado".
Este expediente se abre tras las denuncias de otras dos compañías de gestión de derechos: DAMA y Unison Rights. Unison opera en España desde hace más de cuatro años y gestiona un catálogo de más de 600.000 obras. Por su parte, DAMA opera desde 1999 y está centrada en la gestión de los derechos audiovisuales y cinematográficos, gestionando un repertorio de más de 500.000 obras.
La CNMC considera que existen "indicios racionales" de la comisión de una infracción del artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por "conductas restrictivas de la competencia en el ámbito de la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual". El organismo de competencia tendrá un periodo máximo de 18 meses para instruir y resolver el expediente.
No es la primera denuncia que la entidad de gestión de derechos de autor Unison interpone contra la SGAE. En 2019, la CNMC impuso una sanción de 2,95 millones de euros por abuso de posición dominante, tras haber recibido sendas denuncias en 2017 de Unison y DAMA. El nuevo expediente deriva de las denuncias de hace cinco años, que han sido unidas en un único expediente. "Denunciamos unas prácticas que a nuestro parecer son anticompetitivas por la politica de fijación de tarifas planas que realiza la SGAE con la radio y televisión", explica Jordi Puy, CEO de Unison, a elDiario.es. "Así como también los contratos de universalidad del repertorio que firma con los autores y que no pueden ser así dado que existen otras entidades que también gestionan derechos en España", añade.
Fuentes de la SGAE afirman que la entidad "está convencida de que sus tarifas y licencias, que se han modificado recientemente, son conformes con la legislación de la competencia, y así lo demostrará en el expediente recién incoado". "En este sentido, recordamos que, como dice la propia CNMC, la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación", añaden.
En 2017, la CNMC consideró que la SGAE abusaba de una posición monopolísitca y una mayor cuota en el mercado de la gestión de los derechos de autor al imponer unas condiciones estatutarias y contractuales a sus socios que restringen "injustificadamente" la libertad de los autores para decidir si le atribuyen o le retiran en parte la gestión de sus derechos. Es decir, que un autor pueda registrar una obra con una entidad y otra obra diferente con otra entidad. Cuando un aturo firma un contrato con DGAE se ve obligado a otorgarle la gestión de la totalidad de sus derechos.
En ese mismo expediente, Competencia ya advirtió que existía abuso cuando la SGAE hace una venta conjunta ("paquetización") de autorizaciones de reproducción y comunicación pública para restaurantes y hoteles de los derechos de propiedad intelectual que gestiona. Y señaló la ausencia de un desglose tarifario entre el repertorio audiovisual y musical. Al no existir este desglose, los negocios que pagan a la SGAE por la comunicación público de su repertorio, generalmente mediante hilos musicales u otros aparatos de reproducción, no pueden conocer los costes reales y por tanto comparar con otras posibles ofertas de la competencia. Estos paquetes de autorización obligan, además, a las empresas que lo quieren contratar a pagar por derechos audiovisuales cuando solo desean utilizar música.
"Lo venimos denunciando desde hace años y recibimos con satisfacción que se abra otro expediente, ya que este presunto abuso de dominio supone un bloqueo del mercado para la entrada de juevos operadores, nosotros u otros", valora Puy.
