El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas y ha otorgado un plazo de diez días a la Generalitat para ejecutarla. En su resolución, que puede ser recurrida, declara firme la sentencia pronunciada el 16 de diciembre de 2020 tras la inadmisión del recurso de la Consejería de Educación ante el Tribunal Supremo.
El alto tribunal también comunica al Gobierno catalán el contenido del fallo a fin de que "una vez acuse recibe de la comunicación en el plazo de diez días desde su recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo". Además, pide que, también en ese plazo de diez días, indique cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la resolución.
La sentencia ordena a la Generalitat a garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias de las escuelas de Cataluña, aunque el Ejecutivo autonómico ya ha anunciado que no va a introducir ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística.
La sentencia, que ha provocado un goteo de familias que exigen a sus centros educativos más clases en castellano, ordena a la Generalitat a garantizar que esta lengua sea vehicular en un 25% de las materias para todos los alumnos, tras constatar que su uso es "residual" y solo cumplen la ley el 2% de escuelas.
En su fallo, dictado en diciembre de 2020, pero que el Supremo confirmó el pasado mes de noviembre, el TSJC estimaba parcialmente un recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2015 por la "inactividad" de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza del castellano.
El TSJC llegó a esa conclusión a raíz de la información que el Departamento de Educación le aportó en el marco de este proceso judicial que, según la sentencia, constata que el promedio de horas en castellano es del 18% en la Educación Primaria, del 19% en Secundaria y del 26% en Bachillerato.
A principios de año, la Generalitat aprobó un acuerdo para defender el catalán y la cohesión social en los centros educativos, que prevé prestar protección jurídica a los docentes y equipos directivos ante los problemas que puedan surgir tras los fallos judiciales sobre las cuotas de castellano en las clases. La portavoz, Patrícia Plaja, destacó que ya estaba poniendo a disposición de los docentes y del personal de los centros sus servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica, y que con este acuerdo quiere "reafirmar" su compromiso con el catalán en la escuela. El acuerdo también prevé exigir responsabilidades ante eventuales "ataques a personas o colectivos por la defensa del uso del catalán" por la vía correspondiente, ya sea política, penal, administrativa y de cualquier otra naturaleza.
