Por si el impacto del coronavirus en los colegios no fuera suficiente, la Generalitat de Catalunya empieza el año con una orden judicial que puede provocar cambios de calado el sistema educativo. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha comunicado este viernes al Govern que tiene diez días para cumplir con la sentencia que finiquita el sistema de inmersión lingüística y que impone el 25% de castellano en todos los colegios de la comunidad.
Hasta ahora el Govern había acatado el 25% de castellano –un porcentaje decidido por los jueces, no por los expertos en Educación ni el Parlament– en el medio centenar de demandas interpuestas a título particular por familias contrarias a la inmersión. La diferencia ahora es que la orden engloba al conjunto del sistema educativo, ya que deriva de la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que no se retiró con el cambio de Gobierno.
La pelota ahora está sobre el tejado de la Generalitat, que deberá decidir si, como ha insinuado, desobedece la sentencia. También habría otra vía, según manifestaron desde la conselleria de Educación: pedir aclaraciones al tribunal sobre su aplicación, dado que la ley estatal vigente de educación actualmente es la LOMLOE, no la LOMCE, sobre la que la Abogacía del Estado formuló el recurso en su día.
