El pasado 6 de enero, Luciano Hazan (Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias), Nils Melzer (Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), Siobhán Mullally (Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños) y Fabián Salvioli (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición) enviaron al Gobierno de España una carta conjunta con el objeto de trasladar su opinión
sobre la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español (122/39).
Esta proposición de ley fue registrada por primera vez el 25 de septiembre de 2018 y admitida para su trámite por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre del mismo año. Sin embargo, eventualmente decayó y fue reintroducida el 26 de febrero de 2020. Desde el 17 de septiembre de 2020 se encuentra en el período de enmiendas.
Las expertas y expertos de las Naciones Unidas consideran que esta proposición de ley recoge en buena medida las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales relevantes y, en general, las normas de derecho internacional de los derechos humanos
Además, opinan que es de vital importancia que el Congreso se apegue al texto originalmente introducido y procure no desvirtuar su contenido mediante enmiendas que vayan en contra del espíritu de la norma y de los instrumentos internacionales en los que ésta se basa.
Y subrayan la importancia de que la proposición de ley refleje el derecho internacional de los derechos humanos aplicable a la materia y, en particular, las obligaciones asumidas por España y las correspondientes recomendaciones específicas que diversos mecanismos internacionales han formulado al Estado al respecto.
El pasado 17 de septiembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED ) mantuvo un Diálogo con España sobre la situación de las medidas adoptadas por el Estado para cumplir las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por el Estado español en 2009.
Como conclusión de ese Diálogo, el Comité publicó el pasado 27 de septiembre de 2021 un Informe con sus observaciones finales.
En relación con la apropiación de niñas y niños, el CED instaba al Estado español a la pronta aprobación de la Ley de bebés robados en el Estado español (122/39), injustificadamente parada en el trámite de enmiendas desde hace un año, “garantizando su plena compatibilidad con la Convención”, y teniendo en cuenta todas las reivindicaciones del colectivo de víctimas por el denominado ‘robo de bebés’ que aparecen en dicha Proposición de Ley.
La Carta ahora enviada por los cuatro Mandatos de Naciones Unidas incide sobre la extrema necesidad de que esta Proposición sea aprobada, recordando no únicamente el Informe del CED del 27 de septiembre de 2021, sino también las recomendaciones anteriores de mecanismos internacionales al Estado español en relación con la apropiación de niñas y niños: los Informes del propio Grupo de trabajo sobre la Desaparición Forzada de 2014 y 2017; del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia , la reparación y las garantías de no repetición de 2014 y 2021; así como el Informe del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en 2017.
De igual forma, la Carta hace una relación de las Normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicables a esta materia que son recogidos en diferentes Convenciones y Convenios ratificados por el Estado español, así como en Directivas internacionales.
Los expertos y experta de las Naciones Unidas, autores de esta Carta, también consideran que sería pertinente modificar el artículo 607 bis del Código penal para incluir a la apropiación de niñas y niños, así como declarar explícitamente la imprescriptibilidad del crimen de desaparición forzada de aquellos niñas y niños separados involuntariamente de sus familias biológicas.
Los Mandatos firmantes de la Carta han solicitado información sobre el momento en que se encuentra la tramitación de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ (122/39) y han ofrecido colaboración al Gobierno de España para “asistir al Estado en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas en España”.
De momento, el Gobierno español todavía no ha respondido a la petición de información ni al ofrecimiento de colaboración de los cuatro Mandatos de Naciones Unidas.
'Todos los niños robados son también mis niños' ha estado en permanente comunicación con el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada y otros organismos de Naciones Unidas, además de tener en cuenta los documentos que la asociación les ha hecho llegar sobre la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español.
Dicha Proposición es una iniciativa que esta asociación promovida en el Congreso desde 2018 por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo-CeAqua, y con el apoyo de entidades, nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, a las que se suman organizaciones memorialistas, feministas y académicas. La Proposición cuenta, además, con el respaldo imprescindible de numerosas asociaciones de víctimas por el robo de niñas y niños de diferentes partes del Estado español que se han sumado de manera importante, destacable y proactiva.
'Todos los niños robados son también mis niños' agradece al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, a la Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y la Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición la emisión y publicación de esta Carta enviada al Gobierno de España.
Esta asociación considera que le corresponde ahora al Gobierno emitir una respuesta y actuar, en función de sus competencias, para que la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español (122/39), cuya tramitación ha pasado por dos legislaturas, supere el bloqueo
que la hace estar vergonzosamente parada mientras las víctimas continúan en total desamparo.
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