Quienes rechazan la reforma eléctrica advierten que esta dificultará la transición, haciendo que el país caiga en incumplimientos de sus compromisos internacionales.
La inversión que falta para concretar la transición energética en México en 2024 asciende a 10 mil millones de dólares, dijo este jueves Nelson Delgado, director general de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).
Durante el cuarto foro del parlamento abierto sobre la propuesta de Reforma Eléctrica, panelistas discutieron cuáles han sido los avances del país en su transición hacia energías limpias y las maneras en las que la propuesta de reforma afectará el rumbo hacia ese futuro.
“México está tomando acciones altamente insuficientes [para la transición energética] hacia 2030 [...] Simplemente de aquí a 2024, nos faltan algo así como 10 mil millones de dólares”, apuntó durante su intervención en el parlamento abierto.
El directivo añadió que la reforma, aunque no lo señala explícitamente, echará la carga de la transición sobre los hombros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que requeriría cuadruplicar su presupuesto para alcanzar las metas del cambio energético.
Diego Rasilla González, ejecutivo de la empresa Engie, subrayó el mal desempeño de México en sus metas de transición energética.
“Nosotros tenemos un objetivo: debemos cumplir lo que dice el Acuerdo de París, y no vamos a llegar [...] México no tiene nada de objetivos cuantitativos. Entonces debemos de preocuparnos y comenzar a planear más energía renovable”, comentó.
Los panelistas a favor de la reforma argumentaron que esta no frenará el desarrollo de energías limpias ni echará la carga completa sobre la Comisión. Su objetivo, alegaron, es frenar los abusos del sistema vigente, que beneficia a la inversión privada a costa de la empresa estatal.
“Es tener un marco que permita el desarrollo de energías limpias sin dañar a la CFE [...] No se está planteando de ninguna manera que la transición energética o el desarrollo de todas las energías limpias la tenga que hacer CFE”, apuntó Jorge Toro, director de Investigación y Desarrollo del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (Cosnet).
Miguel López, subdirector de Contratación y Servicios de CFE, alegó que el sistema actual otorga beneficios injustos a la IP mediante mecanismos como los certificados de energías limpias (CELs), de los cuales la Comisión es el mayor comprador.
“Los CELs sirvieron para anclar inversiones privadas. No tenían como objetivo el buscar cumplir los compromisos ambientales. Tenían como objetivo garantizar inversiones extranjeras”, dijo.
La propuesta de reforma eléctrica -enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador- busca, entre otras cosas, dar mayor poder de mercado a la CFE, limitando a 46 por ciento la participación de la IP en el sector eléctrico nacional.
Uno de los puntos centrales del debate en torno a la propuesta tiene que ver con sus efectos sobre el proceso de transición energética en el país. Quienes rechazan la reforma advierten que ésta dificultará esta transformación, haciendo que el país caiga en incumplimientos de sus compromisos internacionales.
Durante el foro del jueves, los panelistas a favor alegaron que CFE va a muy buen paso en sus metas de transición energética y que la reducción de emisiones en general requiere de esfuerzos por parte de otras industrias más contaminantes, como la del transporte.
México se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 22 por ciento para 2030, aunque esto de manera “no condicionada”. Para ese mismo año, apunta a recortar en 31 por ciento las emisiones de su sistema eléctrico. Al cierre de sexenio, el 35 por ciento de su electricidad deberá provenir de fuentes renovables.
En su Plan de Negocios 2022-2026, CFE avisó de los siguientes proyectos renovables: una central fotovoltáica de cuatro fases en Sonora; una central geotérmica y la modernización de 10 hidroeléctricas. Los proyectos comenzarán a operar entre 2022 y 2028.
El mismo plan de negocios avisa sobre la activación de ocho centrales eléctricas convencionales entre 2022 y 2025. La reforma eléctrica se continuará discutiendo en parlamento abierto hasta mediados de febrero.
