Apenas hay tregua para el primer ministro británico, Boris Johnson, quien, después de abortar este miércoles un conato de rebelión en sus filas, fue acusado este jueves por uno de sus propios diputados de "extorsionar e intimidar" a los disidentes que piden su cabeza.
La última bomba de relojería en el escándalo de las fiestas en Downing Street (el llamado "Partygate") la puso el díscolo William Wragg, presidente del comité parlamentario de Administración Pública y Asuntos Constitucionales, en una intervención en la que pidió a sus compañeros que pongan en conocimiento de la Policía cualquier presión ilícita.
"En los últimos días varios miembros del Parlamento sufieron presiones e intimidación por parte de miembros del Gobierno por su deseo declarado o supuesto de (pedir) un voto de confianza sobre el liderazgo del primer ministro", dijo.
Para este diputado joven (34 años), pero al frente de una importante comisión, algunas de esas presiones podrían equivaler a un chantaje, por lo que aquellos que las hayan sufrido deberían ponerlas en conocimiento de la Policía y del presidente de la Cámara de los Comunes.
La denuncia debe ser contextualizada: Wragg es uno de los escasos diputados "tories" que se han atrevido a reclamar la dimisión de Johnson en público y representa la avanzadilla de la oposición interna al primer ministro.
Sin embargo, la gravedad de la acusación fue tal que provocó un nuevo terremoto en torno al liderazgo de Johnson. El primero en respaldar la denuncia de Wragg fue otro diputado, Christian Wakeford, quien dijo que los encargados de la disciplina parlamentaria en el grupo "tory" le habían amenazado con retirar la financiación para un nuevo colegio en su circunscripción del norte de Inglaterra si no acallaba sus críticas.
La palabra de Wakeford ha sido puesta en cuestión por los conservadores después de que ayer éste se convirtiese, tras pasarse a los laboristas, en el primer diputado tránsfuga de esta legislatura.
Para muchos correligionarios del "premier", las revelaciones de la prensa sobre las fiestas que se celebraron en Downing Street durante la pandemia -en las que en al menos una ocasión llegó a participar Johnson- han sido la gota que rebosa el vaso, hasta el punto de que ya no se preguntan si Johnson caerá, sino cuándo.
En la guerra de facciones que suele ser el Partido Conservador, una las lenguas más afiladas es la del líder del sector eurófobo, Steve Baker, que hoy se sumó al coro que ya da a Johnson por amortizado. "No elegimos a Boris Johson por su meticulosa comprensión de reglas tediosas, pero esto es espantoso y la gente está furiosa con razón. Me temo que parece jaque mate, pero veremos si puede salvarse", dijo a la BBC.
Un Johnson asediado por el "fuego amigo" volvió a someterse este jueves a las preguntas de una periodista británica, para enfatizar que "no ha visto ninguna prueba" de que haya existido extorsión sobre los díscolos.
Al igual que lo hacen los miembros de su Ejecutivo, buscó aire al pedir que se espere a la conclusión del informe que la alta funcionaria Sue Gray está preparando sobre las posibles infracciones a las reglas anticovid en su residencia oficial.
Según un periodista del canal "ITV", Gray ha podido acceder a un correo electrónico en el que se advertía al secretario personal de Johnson, Martin Reynolds, de que la fiesta que éste organizó el 20 de mayo de 2020 en Downing Street infringía las restricciones sociales.
Ese email sería la "pistola humeante", la prueba de que Johnson sabía, y consintió, que se violaban las reglas. Pero no es fácil derribar a un primer ministro en ejercicio. Lo sabe bien la veintena de diputados neófitos que ayer trató de sacar adelante una rebelión interna para alcanzar las 54 cartas -el 15 % de los diputados conservadores- que son necesarias para convocar una moción de confianza interna entre los "tories" y que se quedaron a medio camino.
El fracaso de esa iniciativa dio un respiro a Johnson, pero nadie se atreve a vaticinar su futuro más allá del esperado informe de Gray, que debería de conocerse la semana que viene.
