Polémica lingüística vista desde el extranjero
En los medios de comunicación, fuera de España, otra vez ha vibrado el caso de la polémica lingüística española.
En mi opinión, los gobiernos de España, sean del partido que sean, deben garantizar y vigilar y exigir periódicamente que se cumpla la enseñanza del castellano en todas las asignaturas, troncales, optativas y vehiculares.
Las sentencias del Tribunal Constitucional, hablo en general, reflejan con cierta habitualidad la disparidad del criterio de los magistrados. Por lo visto, suele ocurrir en muchos países, no sólo en España.
Como es de desear, todas las sentencias, y no sólo respecto a la educación y uso del idioma vehicular, deberían traducirse en enunciados precisos de actuación para el futuro. Respetar la Constitución y, sobre todo, proteger los derechos de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho de las personas, es decir: no eludir las responsabilidades.
Y, sobre todo, asesorarse de los verdaderos expertos, en este caso cuentan también los maestros y los profesores; pero fuera de la política, con sentido común y siempre pensando en el bien de las futuras generaciones, o sea de los niños y las necesidades futuras. La democracia de una persona empieza donde termina la democracia del otro.
Y no deberíamos subestimarnos tanto. Si nos lo creyéramos más, seríamos capaces de cualquier cosa.