'Carpetazo' a la denuncia sobre la gestión del Muelle de Arguineguín
El Ayuntamiento de Mogán presentó denuncia a considerar que las condiciones de los migrantes en este campamento vulneraba derechos humanos, y conllevaba delitos contra la integridad moral y de detención ilegal, ya que no se les permitía salir del campamento aún con PCR negativa.
La Audiencia considera que si bien no es posible determinar un delito de trato degradante ni detención ilegal, ya que no se pudo hacer de otra cosa ante la situación de colapso y emergencia, admite que las condiciones eran «pésimas» y «fue lamentable», pero «no se pudo actuar de otra forma».
Los magistrados han recordado que, solo en base a los datos de noviembre de 2020, llegaron a Arguineguín 6.357 migrantes, lo que en medio de una situación de pandemia con cierre de fronteras y que obligaba a un control sanitario precedió a una «carencia de recursos» para alojarlos. Por tanto, aunque entiende que no eran las condiciones adecuadas no había otra alternativa, ya que a juicio de la Audiencia «no era posible prever tan masiva llegada, no era posible ofrecer otro espacio (…)» de acuerdo a «las circunstancias concretas» ante las que «no se pudo actuar de otra forma».
La Audiencia considera que al no existir en ese momento alternativa alojativa y asistencial alguna, la medida adoptada fue adecuada, «por más indeseable que parezca», ya que se trató de una postura extrema que no tiene reflejo penal.