La Audiencia Nacional abre causa por lesa humanidad en la importación de diamantes de sangre
En un auto adelantado por El Periódico de España y al que tuvo acceso ABC, Abascal admite en concreto a trámite la querella presentada el pasado septiembre por un ciudadano de Sierra Leona que se describe como esclavo de las minas y sitúa a un ciudadano español como accionista de Orfund Group, una de las empresas que habrían financiado la guerra civil en Sierra Leona comprando esos diamantes al Frente Revolucionario Unido.
Según relataba la querella y resume el auto del juez, durante el conflicto armada en Sierra Leona en el que murieron 70.000 personas y más de dos millones y medio de ciudadanos se vieron desplazados, tanto el querellado, Manuel T., como otros empresarios extranjeros «
jugaron un papel clave en dicho conflicto mediante la actividad de la empresa Orfund Group S.A, financiando el esfuerzo bélico con la venta de los llamados diamantes de sangre«.
Se le atribuye utilizar las empresas liberianas Blue Stone INC y DiAndorra INC, de la que sería cofundador, al servicio de Orfund Group con el propósito de vender los diamantes de Sierra Leona a través de la importadora Cindam Belgium N.V. La querella le sitúa en cuatro de esos envíos, supervisando in situ las relaciones comerciales entre las empresas y a través de un intermediario.
Se trataría de simular que las piedras eran liberianas para poder esquivar el veto por razón de la guerra civil, que se prolongó entre 1991 y 2002. De hecho, DiAndorra era una de las exportadoras que seguían trabajando en Liberia en el año 2002 pese a que las exportaciones oficiales de diamantes desde ese país fueron interrumpidas por sanciones de Naciones Unidas un año antes.
«La guerra civil en Sierra Leona fue financiada, en particular, por el comercio de diamantes de sangre pasando a través de Liberia con el acuerdo directo e indirecto de sus autoridades. Obtener el control de las zonas de Sierra Leona ricas en diamantes y llegar al poder fueron objetivos encubiertos del conflicto armado», recuerda el instructor a partir de las conclusiones que alcanzó el Tribunal Especial para Sierra Leona.
Murieron por «el trabajo esclavo»
El impulsor de la querella es Aiah N, nacido en 1963. Relata que fue obligado a trabajar día y noche «
junto con otros 300 civiles, en condiciones inhumanas de vida, en las minas de Tombodu para extraer los diamantes«. Adjuntando documentación, denuncia que un capitán del Frente Revolucionario Unido era el encargado de recoger llas piedras que ellos estaban obligados a extraer. Presenció la muerte de tres amigos en las minas en ese periodo, dos de ellos por agotamiento »por el trabajo esclavo« y un tercero asesinado.
Este asunto ya entró en la Audiencia Nacional en el año 2020, pero la querella no fue admitida a trámite. Ahora, ante el pormenorizado relato de los hechos y la documentación que se aporta, el juez Abascal, en línea con el criterio del fiscal Pedro Martínez Torrijos, entiende que hay indicios de un delito de lesa Humanidad y al menos otro de organización criminal. Ha reabierto la causa y citado a declarar al querellado y a cuatro testigos el próximo 7 de febrero.