Polémica en el Parlamento catalán por los 1,7 millones anuales para sueldos de funcionarios que ya no trabajan
Estos sueldos, destapados por el diario 'Ara' este lunes, se enmarcan dentro de un régimen especial bautizado como 'licencia por edad', que entre 2008 y la actualidad se podía solicitar cuando el trabajador cumplía los 60 años y llevaba más de quince en la administración. La mitad de las licencias por edad corresponden a funcionarios de rango alto, que son los mejor beneficiados del reparto. En concreto, el salario de doce de los funcionarios supera los cinco mil euros.
Entre los empleados que se habrían adherido a la medida, que arrancó en 2008 durante la presidencia de Ernest Benach (ERC), están ujieres, telefonistas, secretarios generales o jefes de departamento ya jubilados.
Críticas de la oposición
El caso ha provocado un alud de críticas por parte de los grupos de la oposición. La portavoz de los comunes y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha exigido a la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, que dé "en sede parlamentaria" los detalles de la polémica. Por su parte, el diputado de Vox Antonio Gallego le ha reclamado "transparencia y austeridad total en la gestión del día a día del Parlamento".
Borràs se ha visto obligada a responder al respecto. En una entrevista en TV3 ha asegurado que desde que asumió el cargo se puso a trabajar para corregir la «anomalía» que supone que haya funcionarios de la Cámara que cobran sin trabajar. Así, ha explicado que cuando tuvo que firmar las primeras nóminas tras acceder al cargo observó que había sueldos de personas que no estaban en ejercicio en el Parlamento y se puso a trabajar «para modificar el estado de las cosas».
«La noticia debería ser que se ha trabajado para corregirlo y se ha conseguido. Desde que llegué a la presidencia del Parlament me puse manos a la obra, se corrigió el tema de los trienios cuando llegó la nueva secretaria general, y se pudo cerrar el año modificando el régimen de estos permisos de edad», ha concretado. «Querría hacer cambios que tuvieran que ver que la gente tenga que ganar por lo que trabaja».
Borràs ha admitido que «no tenía sentido» que la 'licencia por edad' impidiera que en el puesto del funcionario se pudiera incorporar otra personas para hacer su trabajo, y ha defendido que las personas tienen que trabajar hasta que se jubilen y luego producirse la renovación de trabajadores de forma racional.