La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) se suma a las críticas de FMI, OCDE y Banco de España a la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá que aprobaron las Cortes el 22 de diciembre, y ve “claramente insuficiente” la subida de cotizaciones que propone. Es la conclusión del documento que “El Mecanismo de Equidad Intergeneracional: una disposición poco equitativa, insuficiente y confusa”, elaborado por Miguel Ángel García, Alfonso Sánchez y Ángel de la Fuente, que también advierte de que su diseño es "francamente mejorable" y de que perjudicará a los más jóvenes.
En un escenario de derogación del índice de revalorización de las pensiones (IRP) y la vuelta a la indexación completa y universal al IPC y de derogación del Factor de Sostenibilidad (FS) del PP, el informe considera que la introducción de incentivos para estimular el alargamiento de las vidas laborales y la política de traspasar el grueso del déficit actual del sistema (y posiblemente el que pueda surgir en el futuro) al Estado no tendrán apenas efecto y en el caso de este último, podrían incluso aumentar el problema. En este contexto, García, Sánchez y De la Fuente apuntan que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una subida de cotizaciones de 0,6 puntos durante una década empezando en 2023, es la primera medida que ayudará a mitigar los problemas de sostenibilidad del sistema, pero advierten de que "su diseño es francamente mejorable".
En primer lugar, señalan que la sustitución del FS por el MEI "no contribuye precisamente a mejorar la equidad intergeneracional del sistema de pensiones". Puesto que la única medida que se incluye en el MEI de entrada es un incremento de las cotizaciones que eleva la carga fiscal sobre los activos -en lugar de reducirla, como hubiera hecho el FS a través de un mayor control del gasto-, la nueva normativa perjudicará a las cohortes más jóvenes, denuncia el informe, "precisamente las que merecerían un respiro, dado que su menguante tamaño en relación con el stock de jubilados exigirá un aumento significativo de su carga fiscal".
El segundo problema que detecta es que el MEI resulta "claramente insuficiente, no sólo para restaurar el equilibrio del sistema sino incluso como sustituto del FS". Frente a las 4 ó 5 décimas de PIB de ahorro anual que el FS generaría en promedio hasta 2050, el MEI sólo aportaría con certidumbre 2 décimas durante 10 años a través de su primer componente, avisa. El resto podría provenir del tercer componente, pero eso exigiría un acuerdo con los agentes sociales que podría ser complicado de alcanzar, así como la adopción de nueva legislación.
Finalmente, el documento de Fedea detecta "serios problemas de diseño que se ven agravados por una redacción muy confusa". La condición de activación del subfondo de reserva no le parece "muy razonable", pues depende sólo de las previsiones de gasto en pensiones para 2050, con independencia de los ingresos en ese momento y de los gastos, ingresos y déficits observados en todos los años anteriores. En particular, todo dependerá de los sucesivos informes trienales sobre el envejecimiento de la Comisión Europea (el llamado Ageing Report). El próximo, de 2024, servirá para fijar la referencia de gasto en pensiones previsto en 2050. Mientras los sucesivos informes no superen este umbral, el fondo no se activará y de hecho podría usarse para reducir las cotizaciones o mejorar las pensiones, por muy elevado que fuese el déficit en ese momento o el previsto para 2050, avisan los autores del estudio. La redacción, sin embargo, es "confusa sobre los detalles", alertan, en buena parte porque no distingue con claridad entre la revisión al alza de las previsiones de gasto para 2050 de los Ageing Reports y el déficit del sistema en esa fecha o en años anteriores.
El FMI advertía el pasado 22 de diciembre de que "persiste la inquietud sobre la sostenibilidad" del sistema "en caso de que no se implementen medidas adicionales". El Fondo calcula que la reforma incrementará el gasto anual en pensiones un 3,5% del PIB de aquí a 2050 y considera que "preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas requiere esfuerzos adicionales que los planteados por Escrivá.
La OCDE ya había apuntado que el contexto de elevada deuda pública en el que se enmarca España "exige una renovada prudencia fiscal" y hacía mención especial al considerable aumento en el gasto en prestaciones por la reforma de las pensiones, que debe "equilibrarse" con otras medidas "destinadas a garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo".
También el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos advirtió durante su comparecencia por los Presupuestos en el Senado de que la reforma "no es suficiente" para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social y se necesitarán medidas adicionales para compensar el aumento en el gasto que supondrá la derogación de la reforma del PP de 2013.