Cuidadosamente clasificadas, con sus respectivas etiquetas que detallan el modelo y sus características, más de un millar de armas de segunda –o tercera– mano aguardan en las dependencias de la Guardia Civil de Pontevedra a que alguien puje por ellas. La imagen se reproduce, o se ha reproducido estas últimas semanas, en una cincuentena de comandancias del Instituto Armado de toda España. Son las últimas subastas públicas que organizará la Guardia Civil, pues una reforma reciente del Reglamento de Armas les prohíbe expresamente hacerlo. A partir de ahora, los particulares que quieran hacerse con una escopeta de caza de segunda mano, o buscar un ejemplar especial para sus colecciones, deberán recurrir a las armerías.
Un matiz, tal vez sabido, pero que conviene dejar claro aquí: las armas decomisadas e incautadas en operaciones policiales no se ofertan en las pujas, pues el armamento interceptado en los golpes policiales suele acabar fundiéndose en chatarra. En las subastas que organiza y tutela la Guardia Civil se ofrecen, sobre todo, armas de particulares. Normalmente, propiedad de personas que, por cuestiones de salud, ya no están en condiciones de utilizarlas; o también ejemplares heredados por hijos o nietos que no tienen el permiso pertinente para su posesión, o que simplemente no quieren tener en casa la vieja escopeta del abuelo. Pero entran en estas pujas también pistolas de empresas privadas de seguridad o de policías locales que renuevan su armamento. «Es la última oportunidad de que los propietarios puedan sacar algo de dinero por ellas», explica a ABC el jefe de armas y explosivos de la Guardia Civil en Pontevedra, el teniente Félix Díaz, sobre los motivos que llevan a los propietarios a someterlas a puja. Cuando el propietario fallece, la Guardia Civil se hace cargo del arma durante un máximo de un año, para que los herederos dispongan sobre qué hacer con ella.
La alternativa a la venta, si se quiere conservar una escopeta heredada y no se dispone de permiso, es proceder a inutilizarla. Pero esto solo se puede hacer oficialmente en unas instalaciones para tal fin ubicadas en el País Vasco. Y no es barato; hacerlo, ronda los 200 euros. Además, al inutilizarla, el ejemplar queda bastante marcado estéticamente. No lucen como antes.
Las comandancias de la Guardia Civil de toda España apuran los plazos para la que será la última subasta de la historia que organiza el Instituto Armado. Casi todas las comisarías provinciales celebran ahora sus pujas –todas están teniendo lugar entre el pasado noviembre y el próximo marzo–, apremiados por dos factores: que, como se ha dicho, esta será la última que organiza el Instituto Armado. Y debido a que en 2020 no se convocaron por la pandemia del coronavirus, con lo que algunas comandancias han acumulado más material del que acostumbraban en años anteriores.
La Comandancia de Pontevedra, por ejemplo, subastará entre enero y febrero más de mil armas. La inmensa mayoría son escopetas de caza (868), pero también hay una veintena de rifles, tres fusiles, 57 carabinas de tiro deportivo, 123 pistolas y 74 revólveres. Y, según explica a este diario el teniente Félix Díaz, la cifra de ejemplares que irán a la puja esta vez es ligeramente superior que lo que venía siendo habitual: normalmente, rondaban las 600 o 700 unidades. En esta última edición no llegan a doblarse, pero el aumento en la oferta es notable. En Galicia, la primera comandancia en abrir las pujas será la de Orense: desde hoy mismo exponen al publico 800 armas –escopetas, rifles, carabinas, pistolas y revólveres–. Las comandancias de La Coruña y Lugo las han convocado para el próximo mes de marzo.
En todas las provincias españolas se sigue el mismo esquema y protocolo. Primero, los ejemplares se exhiben durante unos días para que los interesados puedan acercarse a verlos –en el caso de Pontevedra, se mostrarán en el mismo recibidor de la comandancia del 31 de enero al 4 de febrero–. Luego, los aspirantes a hacerse con alguna de estas armas podrán presentar su oferta, siempre a sobre cerrado, a partir de un precio mínimo. En algunos ejemplares –lo más viejos, desgastados o sin ninguna característica que los haga únicos–, los precios de partida no superan ni siquiera los veinte euros. Y aunque en la mayoría de los casos lo que se puede cobrar por la venta es casi irrisorio, para muchos particulares supone el último cartucho para desprenderse de ejemplares que no quieren, o que no pueden tener en casa por falta o pérdida del permiso. Con todo, lo habitual es que se acabe dando salida, en el mejor de los casos, al 20 o 30 % de los ejemplares que se ponen en subasta. «Es que a la gente, a los cazadores, lo que les gusta es estrenar», explica divertido uno de los agentes organizadores de las pujas. Y las armas que se exhiben, al menos en su mayoría, no acostumbran a tener un valor especial. «Son armas de batalla», añaden los organizadores, entendiendo el calificativo de 'batalla', claro está, como expresión metafórica. En definitiva, generalmente son piezas con poco interés coleccionista.
La muestra de Pontevedra es representativa del género que se está ofertando en todas las comisarías españolas: las escopetas de caza son la inmensa mayoría. Los números cuadran con la tipología y el número de licencias que hay en España. En total, en todo el Estado son 900.337 personas las que disponen de licencia E –armas para tiro deportivo y escopetas de caza–, mientras que quienes tienen la licencia D –armas largas rayadas para caza mayor (rifles)– son 393.518, según los datos facilitados a este diario por la Guardia Civil. Las licencias B –pistolas y revólveres– son cada vez más anecdóticas fuera de los miembros y fuerzas de seguridad. Y las de tipo C son, básicamente, las que portan los vigilantes de seguridad privada.
Poseer un arma, ya sea habiéndola adquirido en subastas o armerías, implica una enorme responsabilidad. En España, los requisitos son exigentes –y variables en función del tipo de licencia–, por lo que también es habitual que la Guardia Civil retire permisos cuando implique riesgos. Durante el año 2021 en el conjunto de España fueron revocadas 8.178 licencias por diversos motivos, según datos del Instituto Armado. Las causas son variadas: desde casos de violencia de género, intentos de suicido, alcoholemias reiteradas o tras infracciones administrativas en las que la Guardia Civil considere que tener un arma supone un riesgo. Como ejemplo, en la provincia de Pontevedra, donde hay 17.300 licencias E y 4.700 de tipo D, se retiran unas dos o tres licencias al día.
