El exministro de Relaciones Sindicales y de Gobernación en los primeros ejecutivos de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, ha explicado este lunes que «en política, el pecado más grave es el de omisión» y por eso, «no debe haber omisión para defender aquel consenso de concordia nacional» al que hizo alusión Don Juan Carlos el día que fue coronado Rey de España y que fue la base para la construcción democrática durante la Transición.
Martín Villa se expresaba así en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum después de que la Corte argentina tumbase el procesamiento contra él que había dictado la instructora María Servini. Le señalaba, sin una sola prueba o indicio, de acuerdo a la segunda instancia, por crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1978 como brazo ejecutor de un «plan sistemático» orquestado desde aquellos primeros gobiernos de Suárez para «aterrorizar» a los españoles que buscaban la democracia.
«Justamente la Transición fue lo contrario (...) Y si las leyes de Memoria tratan o bien de suprimir la Transición diciendo que fue una pura continuidad de la dictadura o incluso y peor, que se dieron esos planes que describe la querella argentina, pues ciertamente los políticos tenemos un deber adicional», ha señalado.
Martín Villa ha incidido en este asunto preguntado por el Proyecto de Ley de Memoria Democráctica que está en elaboración. Entiende que «la memoria, por su propia naturaleza, es distinta» y siempre parcial, sobre todo cuando es del pasado reciente. «Pero por mucho que lo sea, hay cosas que no se pueden decir y si hay un artículo en esa ley que dice que hay que actuar contra los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la guerra civil, la dictadura y hasta la Constitución, está diciendo que no ha habido Transición porque la dictadura dura hasta la Constitución», ha criticado.
Ese es, en su opinión, el punto grave de esa iniciativa legislativa y «se parece mucho» a esa parte de la querella argentina que habla de genocidio durante la transición. Mientras, le parece un «acierto» la creación de una Fiscalía de Sala para «la dirección de todo lo que quede por hacer respecto de algo en lo que no hay que ser demócrata, sino simplemente un bien nacido, que es con las fosas de gentes no identificadas aún o que no han recibido los honores suficientes».
El exministro cargaba contra esa parte del proyecto con conocimiento de causa porque es precisamente el borrado de la Transición o su consideración como una prolongación de la dictadura lo que le ha llevado a pelear en la justicia argentina en lugar de limitarse, como podía haber hecho porque estaba en su derecho, a obviar las actuaciones de la juez: La legislación española le amparaba para ello y si pidió declarar y lo acabó haciendo fue exclusivamente por propia voluntad.
«Yo podía libremente haberme amparado en la Ley de Amnistía o en la prescripción de los delitos, era una forma legítima y la podía haber utilizado de defender mi honorabilidad atacada o la honorabilidad de los míos, también atacada. Pero si tocaba a la Transición yo entendía que como miembro sobre todo de aquel primer gobierno de Adolfo Suárez (...) tenía la obligación moral y personal de hacer frente. Podía, en lo personal, disponer de mi honorabilidad y de la honorabilidad de los míos, pero no podía disponer de una acusación que no era la propia de una discrepancia política sino que era lisa y llanamente faltar a la verdad», ha señalado con la voz quebrada.
De ahí que a Martín Villa le duela la omisión pública de la defensa de la que considera una «de las mejores etapas» de la historia reciente de España. «Yo pude tener dudas de cómo tenía que administrar la defensa de mi honorabilidad y la de los míos pero no tuve duda alguna de cómo tenía que administrar mi actitud en torno a la defensa de la verdad frente a esa imputación de un plan generalizado y sistemático de aterrorizar a personas que buscaban la democracia», ha apostillado.
Considera que lo que se ha «montado desde aquí», desde España, con la querella argentina es un «espectáculo kafkiano» y de hecho, defiende que el Gobierno impulse una reforma para que personas en su situación, que habiendo ocupado cargos de Gobierno se vean señaladas por querellas como la argentina, puedan renunciar a su derecho a acogerse a la Ley de Amnistía y los parámetros de la prescripción de delitos para así, defender su actuación de forma completa.
«No solo por la pena de telediario, sino porque el debate político, parlamentario, a veces es un debate de patio de vecindad en el cual con desmesura se acude al juzgado de guardia sobre cosas que deben ser solo objeto del debate político y porque han pasado tantos años que hay que contar y defender la verdad de aquella etapa», ha añadido.
Precisamente, preguntado por el debate en torno a la Ley de Amnistía, Martín Villa ha recordado para quién se diseñó y ha señalado que «el tema no es tanto que se derogue o no, sino que se quiera derogar en los aspectos que afectan a unos y no que afectan a todos».
«Volvemos a estar otra vez en la desgracia de las dos Españas que le helaban el corazón a Antonio Machado», ha lamentado. Lo que sí tiene claro es que aquella norma no se hizo para que ahora políticos como él esquiven una causa judicial como la argentina, como también está convencido de que «no tiene sentido» adaptar aquella normativa, ahora, a los convenios internacionales suscritos posteriormente por España.
En el capítulo de actualidad política, Martín Villa también ha respondido a una pregunta sobre el futuro del Partido Popular y si debe o no, pactar con VOX. Rememorando como chascarillo la frase de Jordi Pujol que decía «eso no toca», ha emplazado a los de Pablo Casado, donde él es ya «militante arqueológico», a adoptar «una actitud de un partido que lógicamente aspira a ser de gobierno y que algunas posibilidades tiene que serlo», es decir, «no solo ser partido que se opone sino partido que propone».
Entre el público, el hijo de Adolfo Suárez; Aldolfo Suárez Illana, así como ex líderes sindicales como Cándido Méndez o José María Fidalgo; políticos como Jaime Mayor Oreja y José Luis Corcuera, exministros ambos de Interior con gobiernos del PP y el PSOE respectivamente; pero también Manuel Pizarro, Juan José Laborda, Esperanza Aguirre, Alfonso Alonso, Pío García Escudero o Maite Pagazaurtundua, entre otros.
