José Ignacio Hernández, exprocurador especial de Juan Guaidó, afirmó este lunes que la reforma del Estatuto para la Transición, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional electa en 2015, viola la Constitución. Indicó que transfiere funciones ejecutivas al Poder Legislativo, lo que pone en riesgo el reconocimiento internacional y la protección de los activos […]
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José Ignacio Hernández, exprocurador especial de Juan Guaidó, afirmó este lunes que la reforma del Estatuto para la Transición, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional electa en 2015, viola la Constitución. Indicó que transfiere funciones ejecutivas al Poder Legislativo, lo que pone en riesgo el reconocimiento internacional y la protección de los activos venezolanos en el exterior.
Hernández, quien cumplió funciones desde febrero de 2019 hasta junio de 2020, dijo que los parlamentarios debieron avanzar en normas para mejorar la transparencia y la imparcialidad en la gestión de los activos, pero, subrayó, el resultado es contrario.
“La politización de los activos al confiarse inconstitucionalmente su gestión a la Asamblea Nacional”, señaló el profesor y abogado constitucional en Twitter.
“Tampoco la solución es eliminar el control parlamentario. Pero eso es lo que se logra con esta reforma, pues si la AN asume funciones ejecutivas, entonces, nadie podrá controlarla”, añadió.
El exprocurador aseguró que esto generaría incentivos para la mala gestión, como sucedió en Monómeros, filial de Petróleos de Venezuela en Colombia.
“En resumen, lo que aprobó la Asamblea Nacional en primera discusión no es la continuidad del estatus del presidente encargado. Sino la desnaturalización de la presidencia encargada para asumir un ‘gobierno parlamentario’ que viola la Constitución y pone en riesgo la protección de activos”, afirmó Hernández.
La reforma del Estatuto ha debido avanzar en normas para mejorar la transparencia e imparcialidad en la gestión de activos, pero el resultado es el contrario: la politización de los activos al confiarse inconstitucionalmente su gestión a la AN.
— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) December 27, 2021
En resumen, lo que aprobó hoy la AN en primera discusión no es la continuidad del estatus del presidente encargado, sino la desnaturalización de la presidencia encargada para asumir un “gobierno parlamentario” que viola la Constitución y pone en riesgo la protección de activos.
— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) December 27, 2021
La Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó este lunes en primera discusión el proyecto de reforma del Estatuto para la Transición, que legitima por otro año su continuidad constitucional y la del gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por al menos 50 países del mundo.
Las fracciones 16 de Julio y Concertación salvaron su voto. Los parlamentarios de estos grupos alegaron que la propuesta contiene artículos inconstitucionales. Por lo tanto, solicitaron, deben revisarse para la segunda discusión, que se desarrollará el próximo 30 de diciembre.
“La fracción 16 de Julio se opone con mucha firmeza a este proyecto de reforma y solicita que se elabore otro texto legal en función de lo que es interés nacional; que se garantice lo que establece la Constitución y las competencias de cada poder”, manifestó el diputado Edwin Luzardo.
Juan Guaidó, reconocido por al menos 50 países como presidente interino, subrayó que es fundamental el respaldo de la Asamblea Nacional. “Es una medida en defensa de la Constitución y clave para proteger a los venezolanos y a la República. Unidos para luchar hasta recuperar la democracia”, afirmó.
“Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez son ilegítimos, sus pretensiones y las de la dictadura de intentar dividir a la alternativa democrática nuevamente fueron derrotadas. Quien tiene fecha de vencimiento es el dictador. Vamos a lograr rescatar la democracia”, expresó.
Guaidó señaló, a través de su cuenta de Twitter, que recibió observaciones de diversas fuerzas políticas y expertos sobre la reforma al Estatuto para la Transición. “Asumimos el compromiso de incluir sus visiones para garantizar que el texto esté ajustado a la Constitución y a las necesidades de Venezuela”, añadió.
La diputada Delsa Solórzano subrayó que la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional y del gobierno interino de Guaidó no se trata de un capricho. Enfatizó que se cumple el mandato establecido en el artículo 233 de la Constitución de la República.
“Es de carácter constitucional y obligatorio la continuidad que hoy está declarándose de manera formal con la reforma de la ley del Estatuto de la Transición. Honremos esa responsabilidad actuando conforme manda la Constitución. Respaldamos la continuidad, respaldamos irrestrictamente al presidente Juan Guaidó, pero no vamos a acompañar normas que ponen en riesgo la constitucionalidad”, expresó Solórzano.
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