La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por México, obliga a promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Del 13 al 17 de diciembre, se realizó la novena Conferencia de los Estados Parte (CoSP) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). La CoSP se reúne cada dos años con el propósito de promover y evaluar los avances en la implementación de la UNCAC y mejorar las capacidades y la cooperación entre los países en la lucha contra el flagelo de la corrupción.
Dicha Convención, ratificada por nuestro país en 2004, compromete a los Estados, entre otras cosas, a adoptar una serie de medidas preventivas, de combate y sanción a la corrupción, tanto en el ámbito público como privado, entre las que se encuentran las medidas para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la hacienda pública, entre las cuales, la fiscalización superior ocupa un lugar preponderante.
El texto de la UNCAC coincide con el creciente interés en la colaboración de las Entidades de Fiscalización Superior de América Latina, en la lucha anticorrupción. De hecho, desde 1996, al interior de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) se ha promovido la adopción de una serie de acciones para fortalecer la contribución de las EFS en el combate a la corrupción, a través de la evaluación de la eficacia de los controles internos y financieros de las instituciones públicas, enfocar la estrategia de auditorías a las áreas y operaciones con mayores riesgos de corrupción, establecer canales de comunicación con la ciudadanía así como el intercambio de conocimientos y experiencias.
En ese mismo sentido, en 2019, la CoSP adoptó la “Declaración de Abu Dabi sobre el fortalecimiento de la colaboración entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los órganos anticorrupción para prevenir y combatir la corrupción de manera más eficaz”. Esta resolución subraya el papel fundamental de las EFS en la rendición de cuentas, la transparencia, la gestión adecuada de los asuntos públicos y la promoción de la integridad, asimismo alienta el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) para impulsar la transparencia, el acceso a la información pública y hacer más sencilla la detección y sanción de actos de corrupción.
Por ello, en el marco de las actividades paralelas de la novena Conferencia, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la INTOSAI, celebraron un encuentro para hacer un balance de los avances logrados en los dos primeros años de la implementación de la Declaración de Abu Dabi. En él se exploró el papel de las EFS en la prevención y combate a la corrupción, con un enfoque particular en el uso de las TIC’s para potenciar el alcance de la fiscalización superior.
Este evento forma parte del Programa de la Declaración de Abu Dabi, un proyecto de la UNODC, en cooperación con la INTOSAI y los Emiratos Árabes Unidos cuyo objetivo es apoyar la implementación global de la Declaración de Abu Dabi, fortaleciendo a las EFS conforme a los principios y normas de la INTOSAI, la atención de las recomendaciones y la adopción de medidas para garantizar la correcta gestión de los asuntos y bienes públicos, la promoción de la integridad, fortalecer la confianza ciudadana y el intercambio de información con las instancias encargadas del combate a la corrupción.
Este esfuerzo se articula con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en especial con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, requiere reducir considerablemente la corrupción, el soborno y crear instituciones públicas eficientes y transparentes. Alcanzar estas metas requiere la colaboración y el compromiso constante de todas las instituciones públicas involucradas en la prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción.
