José Luis Moreno ha conseguido que la Justicia le rebaje la fianza acordada tras su detención el pasado mes de julio. El magistrado que le investiga en el marco del caso Titella ha accedido a rebajarle a dos millones de euros la caución, al considerar que el productor televisivo está cumpliendo con las obligaciones impuestas por la Audiencia Nacional desde que fuera detenido por integrar presuntamente una trama de estafa bancaria a gran escala.
No obstante, el juez Ismael Moreno le conserva el resto de medidas cautelares acordadas tras su detención, por lo que tendrá que seguir acudiendo a firmar al juzgado y se le mantendrá el pasaporte retirado y la prohibición de salir de España. Así lo recoge en un nuevo auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que da respuesta a la petición formulada por la defensa del humorista. Su abogado, que ya pidió la libertad sin medidas tras su detención en junio, volvió a solicitar a la Audiencia Nacional que le dejase en libertad provisional sin fianza o, en su defecto, que se le redujese a un millón de euros.
Fiscalía se opone a la rebaja y dice que los indicios de criminalidad contra el humorista se han reforzado en seis meses
Entre los motivos que recoge su abogado se incluyen la avanzada edad del ventrílocuo (tiene 74 años), la falta de antecedentes penales, el arraigo a España y que ha cumplido con la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado. Además, insiste en que no hay riesgo de fuga alguno teniendo en cuenta que tiene aquí a su familia y que es una persona "de relevancia pública". La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, se opuso a la petición del productor de televisión y dijo que en este medio año de investigación penal "se han reforzado los indicios de criminalidad" contra él.
José Luis Moreno fue detenido con otro medio centenar de personas el pasado 29 de junio por integrar una red que se habría dedicado a conseguir líneas de crédito bancario (incluidos los ICO) que nunca devolvieron y que canalizaron a través de empresas pantalla. Los investigadores, que cifran el desfalco en 85 millones de euros, consideran que Moreno adoptó el rol de tarjeta de visita de los bancos ya que aprovechaba su relevancia y posición mediática para conseguir la financiación a través del conocido como peloteo de cheques.
Los hechos se comenzaron investigando en los juzgados de Plaza de Castilla a raíz de una denuncia de un banco, pero la magnitud de la causa hizo que terminara en la Audiencia Nacional. Los investigadores sostienen que esta trama también está integrada por otros miembros que se habrían dedicado al narcotráfico y al blanqueo de capitales. De hecho, se apunta a la existencia de un "entramado criminal" que operaba a nivel internacional. El juez incluso pidió auxilio judicial a Hacienda para determinar los delitos fiscales cometidos y la consiguiente cuota defraudada.
Aunque son muchos los implicados en esta trama, José Luis Moreno se convirtió en el principal protagonista por su relevancia pública. En su primera comparecencia ante el juez, tras ser detenido, prefirió guardar silencio al encontrarse la causa secreta. Sin embargo sus abogados apelaron a su inocencia y solicitaron que se le dejara en libertad. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 descartó esta opción y le impuso medidas cautelares además de una fianza récord de 3 millones de euros a pagar en una semana.
Su defensa recurrió esta decisión y consiguió que finalmente le permitieran aval hipotecario para cumplir con lo exigido y poder seguir en libertad. En aquel momento el juzgado accedió, pero la Fiscalía ya dejó claro que se le imputaban delitos muy graves (estafa, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal). Tampoco pasó por alto el "alarde" que habría hecho el productor de sus "capacidades económicas" que ascenderían a 23 millones de euros. La cifra, dijo el Ministerio Público, justificaba la imposición de una fianza tan elevada.
Desde entonces el humorista optó por un perfil bajo hasta que, pasados unos meses, comenzó a solicitar al juzgado que se le permitiera el desbloqueo de cuentas para hacer frente a pagos, así como para recibir ingresos. Según dijo, la medida le estaba impidiendo pagar las nóminas de los empleados de sus empresas y también, cobrar su pensión de autónomo. Además, se ofreció voluntariamente a declarar en la Audiencia Nacional para pronunciarse sobre las acusaciones que pesan sobre él.
El juez Moreno accedió a su petición y acordó citarle, aunque todavía está pendiente de fijar una fecha. El productor explicará que no tiene dinero en el extranjero, por lo que no pudo cometer delito de blanqueo y que las empresas que dispone no se utilizaron para el desvío de fondos. Además, también se pronunciará en relación a uno de los asuntos nucleares de este procedimiento: la supuesta estafa de 35 millones al argentino Guillermo Roemmers. El inversor denuncia haber sido víctima de su engaño y dice que le prestó este capital para producir una serie sin que se hayan visto los resultados.
Por ese motivo pidió el embargo de sus cuentas, de la casa de su expareja (el actor checo Martin Mester) y de las participaciones que éste ostentaba en la sociedad Dreamlight que ambos administran a medias. Por su parte Moreno insiste en que esos fondos sí han financiado la superproducción sobre la vida de Francisco de Asís y que ya hay 35 capítulos rodados. En lo que respecta a la mansión de Mester -que fue adquirida por una de las mercantiles de Moreno- la Policía acreditó que el checo se deshizo de ella el pasado mes de agosto, en plena investigación penal por estos hechos.
