El Poder Judicial decretó que la mutualista Casa de Galicia debe cerrar, debido a que tiene una deuda que ronda los 100 millones de pesos.
La orden judicial dice que la empresa de salud, fundada en 1917, debe cesar sus actividades “excepto los servicios de IMAE”, decreto que llega en medio de una intervención por parte de la Liga de Defensa Comercial y de constantes reclamos de empleados y empleadas que piden renuncias en la cúpula y mayores acciones por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Casa de Galicia debe cesar de inmediato las actividades que abarcan incluso la atención ambulatoria, y la sindicatura “deberá coordinar con el MSP, a través de la JUNASA, la atención de los pacientes internados, así como la derivación a otros centros de salud, a cuyos efectos se utilizarán los recursos humanos con los que contaba la concursada, y sin perjuicio de los que se puedan contratar a tales efectos”, según se lee en el decreto judicial emitido por el juez Letrado de Concurso de 1° Turno, Leonardo Méndez.
“A los efectos del cumplimiento de la resolución, se faculta a la sindicatura a contratar, ya sea onerosa o gratuitamente, al prestador de salud que pueda autorizar y/o proponer el MSP a través de la JUNASA”, agrega el decreto.
En la tarde de este jueves, empleados de la mutualista se movilizaron en su sede principal y frente al MSP, pidiendo respuestas y, tal como dijo a la prensa Flor Constanzo, presidenta de la Asociación de funcionarios de Casa de Galicia (A.FUN.CA.G), se mantendrán protestando hasta “tener una solución”.
El sindicato mantendrá guardias gremiales para atender a los pacientes, dijo Constanzo, y añadió que “los trabajadores van a arreglar lo que la Justicia hizo”.
Parte de la dirigencia sindical se reunió con el MSP para obtener respuestas, pero no ha trascendido si hubo algún humo blanco de esos diálogos.