Finalmente no ha podido ser. Las elecciones que deberían celebrarse en Libia este viernes se van a aplazar porque no se cumplen las garantías mínimas para llevarlas a cabo. La Comisión Electoral Suprema ha propuesto este jueves aplazar los comicios ante la creciente tensión bélica y la dificultad de arbitrar unas normas para el proceso, según informa la agencia Efe. Se frustra de esta manera el primer paso para la reconciliación del país y las calles vuelven a llenarse de milicianos. Los tambores de guerra vuelven a sonar.
El país entró en una espiral de violencia tras el derrocamiento del dictador Muamar el Gadafi, que gobernó la nación con mano de hierro durante 42 años. El férreo régimen de Gadafi mantuvo unido el territorio a pesar de la rivalidad entre clanes que ha existido históricamente en Libia.
Tras el asesinato de Gadafi, la violencia se desató entre los clanes que querían sustituir al dictador. Este es el origen de la división que impide al país celebrar unas elecciones. Actualmente existe dos poderes que rivalizan entre sí y que están apoyados por potencias extranjeras. Uno situado en la ciudad oriental de Tobruk, designado por las Naciones Unidas y respaldado por Turquía, para llevar a cabo una transición hacia la paz y otro en el este del país comandado por el rebelde Jalifa Hafter, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Egipto.
En un informe remitido al Parlamento desplazado desde 2014 en la ciudad oriental Tobrouk por las disputas entre el este y el oeste del país, el presidente de la Comisión Electoral Suprema libia, Imad al Sayeh, ha asegurado que el conflicto que existe entre el poder político y el poder judicial sobre la designación de candidatos "hace imposible que la consulta se pueda celebrar en la fecha fijada".
El aplazamiento, al que el martes se opusieron algunos candidatos, era un secreto a voces desde que hace dos semanas la propia comisión decidiera posponer la aprobación de las candidaturas después de que eliminar a varios candidatos y estos recurrieran a tribunales locales, que los reintegraron en la carrera electoral.
Y parecía muy probable desde que en septiembre el Parlamento en Tobrouk -el último elegido democráticamente pero carente de legitimidad al no constituirse a tiempo- emitiera una ley electoral que fue rechazada de inmediato por el Consejo Superior de Estado, una suerte de Senado formado en Trípoli durante el fallido proceso de paz que también lideró la ONU en 2015.
El obstáculo principal ha sido, hasta la fecha, las candidaturas presentadas por Saif al Islam, hijo y presunto sucesor de Muamar el Gadafi, por el mariscal Jalifa Hafter y del primer ministro interino, Abdelhamid Debaibah, un multimillonario que hizo fortuna como director de la oficina estatal de construcción durante la dictadura.
Los tres apelaron y fueron restituidos como candidatos por distintos tribunales, que consideraron que Saif al Islam y Hafter eran elegibles pese a haber sido condenados por tribuales locales por crímenes de lesa humanidad, y que Al Debaibah podía concurrir pese a que no había dejado su puesto con tres meses de antelación y a que había prometido no presentarse cuando fue designado.
La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha advertido, por su parte, que el aplazamiento ilustra la necesidad de abordar las innumerables violaciones de derechos humanos que han caracterizado todo el período previo a la convocatoria.
Y ha recordado que los preparativos para la mismas "se han llevado a cabo en un clima muy volátil caracterizado por disputas" y la injerencia de "grupos armados y milicias que reprimieron repetidamente las voces disidentes, restringieron la sociedad civil y atacaron a los funcionarios electorales".
