La comisión del Congreso que investiga el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados prepara sus conclusiones sin la mayor parte de la documentación que había solicitado al Ministerio del Interior, al juez del caso Kitchen y a la Fiscalía. Solo el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha remitido algunos documentos a los diputados, entre los que no se encuentran los expedientes disciplinarios a los investigados o los procedimientos para adjudicarles destinos privilegiados, a modo de recompensa, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.
Con la última solicitud de información a Interior se ha producido una respuesta que ha molestado especialmente a algunos miembros de la Comisión. Estos habían solicitado diversa información acerca del confidente sobre el que se montó la operación de espionaje a la familia Bárcenas, el chófer Sergio Ríos, hoy miembro del Cuerpo Nacional de Policía, retirado temporalmente de sus funciones desde hace unos meses. Ríos recibió una pistola, con cargo a los fondos reservados, durante el espionaje a la familia Bárcenas. La comisión de Interior solicitó formalmente al Ministerio el expediente sobre la concesión de la licencia de armas. Recibió como respuesta un párrafo del número dos de la División de Personal de la Policía certificando que Ríos ya ha devuelto las dos armas que tenía, que se corresponden con la entregada por la brigada política y la reglamentaria.
La solicitud de ese expediente consta en el documento firmado por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el pasado 6 de octubre y dirigido al Ministerio del Interior. En él también, el Congreso pide los expedientes de los traslados de los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano a las embajadas de Países Bajos y México, respectivamente. En la documentación remitida por Interior al Congreso no consta ninguna información al respecto.
Ocurre lo mismo con la información reservada que se abrió a Fuentes Gago con motivo de su imputación en el caso Kitchen: Interior no la ha facilitado y tampoco ha explicado el motivo. Del chófer, los diputados reclamaban el expediente de acceso a la Policía, uno de los pagos que recibió presuntamente por actuar como topo infiltrado en la familia Bárcenas. El silencio ha sido la respuesta de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior.
Los diputados del Grupo Socialista y de Unidas Podemos han escuchado del portavoz del PP, Luis Santamaría, y también de algunos comparecientes, el reproche de que ellos jugaban con ventaja al tener acceso a la causa porque sus partidos estaban personados como acusación popular. Los portavoces de los grupos aludidos alegaban que los documentos a los que hacían referencia en sus intervenciones, tales como informes de Asuntos Internos, autos judiciales o escritos de Anticorrupción, habían sido publicados por los medios de comunicación, procedentes de un sumario sobre el que no pesa el secreto reforzado desde hace meses. Y era entonces cuando algunos comparecientes se defendían rechazando comentar informaciones por el mero hecho de que hubieran sido publicadas en la prensa.
La remisión de determinada documentación por parte de Interior ha servido, al menos, para conocer la arbitrariedad de algunos procesos administrativos en el Ministerio. Los diputados han recibido los expedientes de las medallas rojas al Mérito Policial con las que fueron condecorados todos los miembros de la primera línea de la brigada política, con una asignación vitalicia del 10% de su salario. Y así han podido comprobar cómo todo se reduce a un formalismo que incluye una frase con la que se justifica la concesión de un premio que, por ley, requiere haber puesto en riesgo la vida: "Meritoria trayectoria profesional".
Solo las medallas de Oro y Plata requieren de una argumentación mayor. Se da la circunstancia de que, de todos los investigados, el único que recibió la Medalla de Plata, con un 15% de paga vitalicia, fue el artífice de la brigada política, Eugenio Pino. Sin embargo, todos los trámites, incluido el informe preceptivo de un "juez instructor especial" y secretario, para concederle el citado reconocimiento, se solventaron en una sola jornada, tal y como publicó elDiario.es.
Si los diputados no tuvieron excesiva fortuna con el Ministerio del Interior, del juez del caso, Manuel García Castellón, obtuvieron únicamente unas nociones de derecho penal comprimidas por el instructor en dos párrafos, que incluían una advertencia sobre una supuestamente amenazada "independencia judicial". El 22 de febrero, García Castellón dedicó unos minutos a recordar en un escrito que las causas judiciales permanecen secretas hasta la fase de instrucción, hasta el juicio oral. "Tal y como es público y notorio, el procedimiento, en el marco del cual se interesa la referida documentación, se encuentra en fase de instrucción y por tanto con carácter reservado", aseguraba el magistrado sobre el sumario de Kitchen, publicado por los medios de comunicación en todos sus extremos de interés.
En el segundo párrafo, el juez apelaba a la "garantía de la independencia judicial" para no satisfacer la solicitud de documentación, así como a los derechos de las partes implicadas. García Castellón decidió firmar el auto de imputación de María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, coincidiendo con el momento en el que este declaraba ante la comisión y a pocas horas de que lo hiciera ella. La ex número dos del PP ha dicho después que antes de su imputación hubiera contestado a las preguntas de la comisión, pero que su situación procesal posterior se lo impide.
La utilización como argumento de defensa de la personación de PSOE y Unidas Podemos en la causa durante las comparecencias de la comisión alcanzó su punto álgido cuando Cospedal les responsabilizó de que no contestara a pregunta alguna por su situación procesal, en relación a que su imputación fue archivada por el juez tiempo después, pero que todavía no es firme porque han recurrido las acusaciones populares, entre otros, así como Anticorrupción. Evitó la ex número dos del PP que el auto que pone fin a la instrucción y en el que el juez Manuel García Castellón la exculpa también ha sido recurrido, entre otros, por el que fuera ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado, Francisco Martínez.
Los diputados, y especialmente los socialistas, tampoco encontraron lo que buscaban en la Fiscalía. El Grupo Socialista impulsó que se solicitaran los informes de la UDEF en varios casos de corrupción del PSOE: Gürtel, caja B, Lezo, Púnica (estos dos últimos sería la UCO). En su respuesta, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, trasladaba a Batet que la documentación requerida está "sometida a un tratamiento procesal específico y que solo puede disponer de ella el propio órgano encargado de las correspondientes investigaciones". "A ello hay que añadir que el Fiscal solo dispone de copias de dicha documentación para su propio uso", añadía.
El escrito de Delgado se acompañaba de otro del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, informando de que tres de las causas de corrupción del PP señaladas están en el juzgado de García Castellón y una cuarta, en el 5. Luzón cometía un error y aseguraba que Lezo es competencia del Juzgado Central de Instrucción número 5 y Gürtel del número 6, cuando es al revés.
