El comité de expertos para la reforma fiscal afronta la recta final de sus trabajos con tensiones por las presiones del Gobierno y algunos de sus miembros sopesan dejarlo. Ya se ha producido una salida, de Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, según trasladan fuentes conocedoras a Vozpópuli y según confirman desde Hacienda.
Los miembros del comité que se plantean abandonarlo lo hacen porque sienten que están escribiendo al dictado del Ministerio un informe que va a responder a sus pretensiones como un traje a medida y no pueden tratar asuntos que no son de su agrado. El comité, el cuarto que en democracia va a analizar el sistema fiscal, ha sido de los más nutridos, 18 miembros -ya 17-, con especialistas en el ámbito del Derecho tributario, la Economía y la Hacienda Pública, y tiene de plazo para entregar sus propuestas hasta el 28 de febrero.
Ignacio Zubiri es doctor en Economía por la Universidad de Princeton e hizo su tesis doctoral bajo la dirección de Joseph Stiglitz. Es uno de los mayores expertos en el Cupo Vasco y sus aportaciones sobre pensiones son tenidas en cuenta por la Comisión del Pacto de Toledo. Hace una década era articulista habitual en prensa nacional sobre asuntos fiscales y fue crítico con la política fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy. Zubiri fue nombrado miembro del comité de expertos en mayo, al que se incorporó cuando sus integrantes ya habían sido presentados.
Los comités son gestionados por su presidente y su secretario y en este caso ambos tienen lazos con el PSOE y su secretario forma parte del Gobierno. Lo preside Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Fue director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), que depende de Hacienda, entre 2004 y 2008. Este cargo tiene rango de director general y es nombrado por el ministro de Hacienda. Ruiz-Huerta dirige el Laboratorio de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE.
El secretario, Alain Cuenca, fue nombrado director del IEF por Montero en 2018, y ha sido responsable de financiación autonómica y local en el Ministerio de Economía y Hacienda, también director general en el escalafón, durante las segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2004 y 2005, fue jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, y entre 2005 y 2008, director General de Coordinación Financiera con Entidades Locales.
La ministra, María Jesús Montero, presentó al grupo de expertos el pasado 12 de abril y anunció que el trabajo encomendado, analizar el sistema fiscal para "mejorar su eficiencia, garantizar los recursos públicos y adaptarlo a los retos del siglo XXI" iba a poner el "énfasis en el estudio de la fiscalidad medioambiental, la imposición en sociedades, la tributación de la economía digital, así como la armonización patrimonial".
La presentación en sociedad del comité ya fue accidentada para Hacienda. Montero declaró a los medios que el objetivo de la reforma fiscal que prepara el Gobierno es subir los Impuestos sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones dentro de la llamada armonización al alza que preconiza y que comparte con ERC, con el fin de obligar a la Comunidad de Madrid, a la que acusa de hacer dumping fiscal, a elevar Patrimonio y Sucesiones. Estas alzas las fijó de entrada para 2022, pero muy poco después tuvo que desdecirse, cuando el Gobierno en bloque pasó a negar toda subida de impuestos en perspectiva para intentar contrarrestar el tirón de Isabel Díaz Ayuso en la campaña a las elecciones a presidencia de la Comunidad de Madrid. Lo hicieron Pedro Sánchez, Nadia Calviño, la propia Montero y el candidato socialista, Ángel Gabilondo, que dos meses antes defendía subidas masivas de impuestos en la Comunidad.
La ministra de Hacienda también subrayó que las propuestas del grupo de trabajo debían tener una conexión con la financiación autonómica y local y una cierta armonización en el gravamen del Impuesto sobre Sociedades, en el que cree que hay que recortar deducciones, además de considerar que el Gobierno está alineado con el debate internacional sobre el papel de la fiscalidad en la riqueza.
Llamó la atención que justo antes de presentar a los expertos, Montero delimitara con tanta claridad los objetivos finales de la reforma. Preguntada por este asunto, aseguró que tenían libertad para plantear lo que consideraran pero que el Gobierno tomaría a su vez su análisis en cuenta sólo si lo consideraba oportuno. Fuentes de Hacienda subrayan ahora que el comité tiene libertad y autonomía en su trabajo.
Los comités de expertos pueden servir a los Gobiernos como coartada para dilatar reformas y para apoyar determinadas decisiones. El Ministerio de Trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez ha designado también un comité de expertos para asesorarle sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021 que abanderaba la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en contra de la primera, Nadia Calviño. Finalmente se impuso Díaz, que se escudó en todo momento en la horquilla de subida que planteó el citado cónclave.
Los tres comités de expertos para reformas fiscales que había habido hasta ahora los ha presidido Manuel Lagares, inspector de Hacienda en excedencia y catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, que también coordinó estudios y grupos de trabajo fiscales en la transición y durante el Gobierno de Felipe González. Fue presidente de las Comisiones para la reforma del IRPF que asesoraron al Gobierno de José María Aznar en 1998 y 2002 y del comité para la reforma fiscal que asesoró a la Hacienda de Cristóbal Montoro en 2014.
Lagares destaca a Vozpópuli la "libertad" con la que trabajó en todos ellos y cómo Montoro tuvo en cuenta sus sugerencias para el nombramiento de los miembros del último comité, expertos independientes, catedráticos menos el ahora gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, entonces presidente del Grupo de trabajo de Hacienda Pública en el Sistema Europeo de Bancos Centrales y director de Análisis de Política Económica del Banco de España. Lagares llama a juzgar a los comités de expertos no por sus nombres sino por el informe que escriban, que en el caso del actual dependerá de las instrucciones que hayan recibido -"yo no recibí ninguna", insiste. Los objetivos de armonización fiscal marcados por la ministra le parecen "confusos" y subraya que, a su juicio, la única manera de que pueda haber competencia y eficiencia en el sector público es con regiones -o Estados como en EEUU- que compitan.
