"Por supuesto que lo creo. Creo que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones". Así se ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término del Consejo Europeo en Bruselas, ante el archivo de la investigación que realizaba la Fiscalía suiza de la donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí a una cuenta del exjefe del Estado a través de testaferros no es una excepción.
Un archivo que también es previsible en el caso del Ministerio Público español, que ha decidido conceder validez a las regularizaciones fiscales hechas por Juan Carlos I, a pesar de producirse después de conocer que había una investigación sobre sus finanzas.
Sánchez, además, ha respondido sobre un hipotético regreso de Juan Carlos a España. "No me han consultado", ha dicho el presidente del Gobierno en alusión a la Casa del Rey: "Ya ha dicho la portavoz que somos dos instituciones diferentes, y no se ha consultado sobre esta cuestión".
Fuentes gubernamentales insisten que no se ha abordado nada relacionado con el regreso del monarca, que supondría, entre otras cuestiones, una movilización del dispositivo se seguridad, del personal desplazado a Abu Dabi y la decisión sobre si regresaría a una residencia pública que supondría un acondicionamiento por parte de Patrimonio Nacional, informa Irene Castro.
La salida de Juan Carlos I de España ya supuso un encontronazo del entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, con Sánchez, según reconoció el exlíder de Podemos, que consideró la decisión una "huida" ante la situación judicial a la que se enfrentaba el emérito. Unidas Podemos, en cualquier caso, tiene claro que seguirá exigiendo una comisión de investigación parlamentaria sobre los desmanes del exjefe del Estado a la que el PSOE siempre se ha opuesto.
"Desde el Parlamento no vamos a dejar de batallar para que esos casos sean investigados", advirtió el portavoz de En Comú, Gerardo Pisarello. Para Unidas Podemos "la decisión de la Fiscalía suiza no desmiente en ningún caso las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre Juan Carlos I" y sostiene que esa investigación "ha puesto luz sobre operaciones irregulares que en España no se habían investigado poniendo como excusa la inviolabilidad de la corona". Los aliados parlamentarios de la coalición comparten esa posición frente al PSOE, que en los asuntos de la Corona está en el Congreso más próximo a PP, Ciudadanos e incluso Vox.
Tras una investigación de más de tres años, la fiscalía helvética ha constatado una "voluntad de encubrimiento" detrás de esa operación, pero no ha logrado encontrar un "vínculo suficiente" entre esa donación y la adjudicación de las obras del AVE a La Meca en favor de un conglomerado de empresas españolas, tal y como sospechaba Bertossa, informa Elena Herrera. En consecuencia, el fiscal acordó este lunes archivar las pesquisas no sin poner el acento en lo llamativo de los importes afectados, el origen de los bienes, la falta de documentación justificativa y las supuestas "donaciones sucesivas": de Arabia Saudí al rey emérito, primero; y del monarca a la que era su amante, después.
La decisión exonera de cualquier responsabilidad penal por estos hechos a Larsen; a Arturo Fasana, el gestor de la cuenta en la que el rey recibió el dinero; y a Dante Canonica, el director de la fundación panameña a cuyo nombre se ingresaron esos fondos. Y, sobre todo, despeja un horizonte judicial que lleva tres años copando titulares y poniendo en una situación muy comprometida al monarca, que en agosto de 2020 se marchó de España ante la "repercusión pública" que estaban generando "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada", según explicó la Casa Real en un comunicado. Eso sí, los ahora exonerados tendrán que hacer frente a 200.000 euros en costas judiciales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló entonces de "noticias perturbadoras".
Aunque Juan Carlos I nunca llegó a ser investigado por Bertossa, la suiza era, hasta el momento, la vía principal para indagar en el origen de parte de la fortuna de quien fue jefe del Estado. En España, la Fiscalía Anticorrupción tenía la lupa puesta en el caso del AVE a La Meca desde finales de 2018, pero en el Ministerio Público tuvieron claro desde el principio que la inviolabilidad del monarca jugaba a su favor: esa comisión habría llegado en 2008 y Juan Carlos I no dejó el trono hasta seis años después. En el verano de 2020 esa investigación pasó a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha investigado si el monarca cometió blanqueo y delito fiscal por el supuesto cobro de una comisión para hacer de intermediario en esa adjudicación. No obstante, tiene intención de archivarla próximamente sin denunciarlo al considerar que los hechos se produjeron cuando era inviolable para las leyes españolas.
