La división entre los jefes de Estado o de Gobierno de la UE a la hora de buscar una respuesta coordinada al aumento de contagios de variante Ómicron amenaza con despojar de valor al certificado Covid que ha servido hasta ahora para permitir la recuperación de la actividad económica y los viajes dentro de Europa. Pero varios países han tomado medidas unilaterales que afectan a la libertad de movimientos dentro de la Unión Europea.
El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, que es junto a Italia, Grecia y Portugal uno de los que ha impuesto medidas adicionales a la posesión del certificado vacunal como una prueba PCR, dijo a la entrara en la sede del Consejo Europeo que esta nueva variante del virus suscita «especial preocupación por su capacidad de propagarse rápidamente y crear presión en nuestros sistemas sanitarios». Su colega luxemburgués, Xavier Bettel, dijo que «no he visto que cerrar las fronteras sea una opción que funcione» y que si esta nueva exigencia «no hace ninguna diferencia entre personas vacunadas y no vacunadas porque necesitan una prueba de PCR, creo que es una idea equivocada» porque elimina los alicientes para que se vacunen las personas que aún no lo han hecho.
El caso de Italia ha causado perplejidad, dado que el anuncio de la exigencia de un test PCR para todos los viajeros se produjo durante una reunión de embajadores y sus colegas constataron que ni el propio representante italiano estaba al corriente. Francia ha impuesto esta regla para los viajeros británicos, cuyo pase sanitario también estaba siendo reconocido en la UE.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, durante la cumbre europea en Bruselas
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Reuters
La Comisión prevé que la nueva variante sea la dominante en todos los países a mediados de enero. Por ahora los líderes europeos trabajan bajo la premisa de que «la aplicación de vacunas para todos y las dosis de refuerzo son cruciales», según consta en el documento de conclusiones.
La presidenta Ursula von der Leyen ha recomendado a los gobiernos que accedan a pedir las pruebas PCR a todos los viajeros que ingresen a la UE desde países terceros, como se había planeado la semana pasada, aunque la idea no fue apoyada por varios países.
En lo único que los miembros del Consejo Europeo se han puesto de acuerdo es en decidir que el pase Covid tenga una duración de nueve meses. Pero si no logran homogeneizar las medidas de viaje dentro de la UE harán que sea inútil mucho antes.
Sánchez, insatisfecho con las medidas sobre la luz
Otro de los asuntos centrales de esta cumbre es el de la energía. El Gobierno español considera que las medidas que propone la UE para hacer frente al alza de los precios de la electricidad no son suficientes y no se corresponden con los esfuerzos que ha llevado a cabo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para introducir estos temas en el debate. El martes, la Comisión Europea había lanzado un último guiño a las pretensiones españolas al anunciar que podría avalar la compra conjunta de gas «en casos de emergencia», pero se trata de una opción voluntaria y que no se aplicaría en las actuales circunstancias de gran tensión en los mercados.
Hace meses que Sánchez intenta lograr que la UE intervenga para intentar bajar el precio del gas, aunque por ahora sin mucho éxito. Este jueves las discusiones se prolongaron durante varias horas porque además se mezclaron con la cuestión del gasoducto que ha construido Alemania para traer gas directamente desde Rusia, el Nord Stream 2 y que es el primer dossier espinoso que le ha tocado lidiar al nuevo canciller, Olaf Scholz.
Polonia, que se opuso desde el primer momento a que se construyera esta tubería porque está hecha precisamente para evitar que ellos tengan un papel en este tránsito, se ha limitado a recordar que en estos momentos están precisamente buscando medios para contener las presiones militares de Rusia y no parece buena idea enviar señales de cooperación ferviente. Scholz explicó a los demás presidentes que de todos modos, el gasoducto –que ya está terminado– no podrá empezar a operar hasta que no se hayan llevado a cabo todos los trámites necesarios para que las autoridades europeas le otorguen la licencia de explotación.
El martes la Comisión lanzó un guiño a la pretensión española de compra conjunta de gas, pero se quedó en solo un guiño
Esto no ha impedido que Alemania esté en el centro de los países que se oponen a la idea de Sánchez de intervenir en los mercados del gas. La delegación española cree que las posiciones de la Comisión no tienen en cuenta la extrarodinaria gravedad de la situación y que las conclusiones de la reunión «están muy lejos» de las ambiciones del Gobierno de Sánchez porque envían «señales muy negativas a los consumidores y afectan claramente a las pequeñas y medianas empresas y al sector industrial».
Un informe de la asociación de los operadores de todos los países que se había pedido precisamente a instancias de España concluyó específicamente que inmiscuirse en los mercados de la energía –por más que en estos días estén batiendo récords de precios– sería tan contraproducente como las compras conjuntas de gas que no harían sino aumentar el peso de la demanda. A España le apoyan varios países, el más importante es Francia, pero París tiene otro objetivo en su cartera que es el de lograr que la nuclear se considere «energía de transición» en la taxonomía que prepara la Comisión y que va a regir cuáles son las inversiones que pueden recibir fondos europeos y hasta dónde se medirán la reducción de emisiones en cada país. Otros socios como Austria han advertido a la Comisión que presentará una querella contra el Ejecutivo comunitario por prevaricación si accede.
Por ello, en el documento de conclusiones los líderes europeos se han contentado diciendo que volverán a discutir sobre el tema de la energía en la próxima cumbre a comienzos de la primavera. Entonces se podrá comprobar si es cierto lo que dicen los pronósticos de los expertos que el episodio de los precios altos habrá quedado atrás o si se trata de un fenómeno estructural que, en ese caso, pondría en peligro todos los cálculos que se han hecho hasta ahora para ayudar a las economías europeas a pasar a las renovables en la próxima década como gran objetivo estratégico.
