El Ministerio de Justicia considera "muy importante" dar a conocer recomendaciones a seguir en el caso de sufrir una agresión sexual, por lo que desplegará una campaña publicitaria en televisión, radio y redes sociales con la que se busca acelerar las peticiones de ayuda y transmitir la importancia de los forenses en la investigación del delito.
Aclarar cómo ha sucedido una violación exige rapidez. Justicia hará saber que "no lavarse ni cambiarse después de haber sufrido una agresión" favorece la recogida de muestras. Actuar a tiempo permite ganarle terreno al violador.
"Las pruebas científicas son fundamentales para poder perseguir judicialmente a los agresores", explica el ministerio en un documento al que ha tenido acceso Confidencial Digital. Quieren dejar claro que las agresiones no salen gratis y acarrean a los autores consecuencias penales graves.
El ministerio que lidera la socialista Pilar Llop se apoya para esta iniciativa en los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que contabilizaron 4.730 actuaciones relacionadas con violencia sexual en 2019, un "dato subestimado" ya que no incluye a todos los centros.
Con la campaña de publicidad, presupuestada en 72.600 euros, Justicia pretende facilitar el cometido de los forenses a la hora de esclarecer una violación y poner en conocimiento de la sociedad que existen Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito, "prácticamente desconocidas".
Justicia ansía borrar el "cuestionamiento de la mujer" que denuncia una violación. "Las agresiones sexuales constituyen delitos execrables", se resalta en la memoria justificativa del concurso público. Para ello ve necesario acompañar desde el principio a la víctima y dotar a la población de un protocolo con consejos para actuar en situaciones límite.
"A pesar de la dramática situación", a la persona que ha sufrido una agresión de carácter sexual le conviene saber de antemano un "conocimiento básico para que sea atendida lo más precozmente posible", razona el ministerio. "Y que, en la medida de lo posible, lo haga sin realizar acciones que puedan dificultar la recogida de vestigios".
En concreto, aconseja evitar "lavarse o cambiarse de ropa, o destruirla", una recomendación clave para la investigación, donde los forenses son una pieza fundamental. Toman huellas en el lugar del suceso y analizan el cuerpo de la víctima, cuya "participación en este proceso es trascendental", recuerda el ministerio.
Los avances tecnológicos en los laboratorios han acelerado el proceso para identificar con precisión el ADN del agresor. El perfil genético se comparte en bases de datos internacionales, lo que puede ayudar a esclarecer otros casos tanto fuera como dentro de España.
"Para que estas acciones sean exitosas, la recogida de vestigios debe ser lo más precoz posible", previene el documento. Se ha de procurar no alterar "todo aquello que pueda dificultar la obtención" de pruebas que incriminen al agresor "donde habitualmente se localizan": la ropa, las superficies y las cavidades corporales.
Mediante esta campaña el ministerio pretende conjugar el punto de vista emocional con la labor científica. Es decir, prestar socorro a la víctima de una violación para sobreponerse a la sensación de culpa, vergüenza o suciedad y a la vez animarla a que colabore con los investigadores.
Los anuncios publicitarios que se emitan no podrán exhibir conductas de violencia sexual ni recurrir a imágenes o referencias expresas a casos reales o judicializados que pudieran afectar a terceras personas.
Cuando vea la luz, la campaña proyectará mensajes en los medios informativos y en las redes sociales Twitter, TikTok e Instagram. Aparecerá un protocolo junto a un teléfono de asistencia a las víctimas.
Una tarea, la de asistencia, encomendada a las Oficinas de Atención, que hacen frente a la victimización secundaria, prestando ayuda psicológica, respaldo en el proceso judicial o asesoramiento acerca de las compensaciones económicas que pudieran corresponderles.
En 2020, según el ministerio, menos de un tercio de las víctimas de violencia de género consultó a estas oficinas en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla, que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia.
Para acudir, precisa el departamento de Pilar Llop, no es obligatorio haber denunciado por violencias de género o doméstica, delitos de odio, terrorismo o robo.
La iniciativa pone el acento en los jóvenes. El ministerio cree imprescindible no desatender a las víctimas de menor edad y dar consejos a los amigos y familiares para superar unidos el trauma.
