El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de FP, por 180 votos a favor, 88 en contra y 75 abstenciones.
Se trata de otra norma que hereda, como la Lomloe, la ministra Pilar Alegría de su predecesora, Isabel Celaá. Esta ‘herencia’ no le pesa tanto a Alegría si se compara con la polémica ‘ley Celaá’. Mucho más amable o, más bien, nada ideológico, el anteproyecto de ley de FP no ha levantado las ampollas que levantó la Lomloe, ni tampoco sacó a nadie a la calle. Sin embargo, no ha convencido al PP, que terminó votando en contra. Hasta el momento lo que había hecho el partido es abstenerse en la Comisión de Educación de la Cámara Baja en espera de ver el texto definitivo.
¿La razón? Una serie de enmiendas que se aprobaron durante la tramitación parlamentaria que castigaba a la concertada. «Votamos en contra porque se usaron las últimas sesiones para introducir enmiendas que dan respuestas a las exigencias de sus socios comunistas y rompen el acuerdo y equilibrio entre lo que es una FP sostenida en un porcetanje por la enseñanza concertada y privada», explicó Sandra Moneo, diputada del Partido Popular.
El artículo 24 de la norma, por ejemplo, señala que se tiene que garantizar «una oferta pública suficiente y ajustada a las necesidades del territorio».
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">No podemos apoyar una ley de FP que incorpora las exigencias de los socios de gobierno comunistas para discriminar la enseñanza concertada y la iniciativa privada,que no resuelve la situación de lo profesores técnicos y expulsa al sector educativo de la gobernanza de la FP</p>— SANDRA MONEO DIEZ (@DiezMoneo) <a href="https://twitter.com/DiezMoneo/status/1471470381785616388?ref_src=twsrc%5Etfw">December 16, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Santiago Gutiérrez, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha reconocido que le preocupan alguno de los aspectos que se han modificado en el trámite parlamentario «y que pueden afectar a uno de los principios básicos y vertebradores de esta ley y del Plan de Modernización de la Formación Profesional, como es la colaboración público-privada, en concreto en lo referente a los centros que impartirán las ofertas de formación profesional». Agregó que confía en que «los desarrollos legislativos de esta ley reconozcan la importancia de contar con todos los centros del sistema de formación profesional, centros que realizan una gran labor y son necesarios para alcanzar los objetivos que persigue esta ley, objetivos que apoyamos plenamente».
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha señalado en su cuenta de Twitter a través de un vídeo que «la nueva ley FP es fundamental para que los jóvenes accedan a empleos de calidad y para que los trabajadores tengan oportunidades formativas que les permitan mejorar sus empleos».
https://twitter.com/Pilar_Alegria/status/1471452034037686275?s=20Por otro lado, el texto, que antes ponía un máximo y permitía a las empresas impartir hasta el 40% del currículo, pasa ahora a fijar un mínimo. Así, la participación de la empresa u organismo equiparado en los resultados de aprendizaje o módulos profesionales del currículo será de «más de un 30 por ciento» en el caso de la FP intensiva, es decir, la que se realiza alternando la formación en el centro de FP con la formación en la empresa, siendo esta última «retribuida en el marco de un contrato de formación». La redacción anterior hablaba de un contrato de «trabajo». Así, el nuevo texto le permite al empresario reducir costes.
En el caso del régimen general, la participación de la empresa en los resultados de aprendizaje del currículo será de «hasta un 20 por ciento».
