Un estudio del PNUD evidenció que si bien las mujeres acceden crecientemente a cargos directivos en estas organizaciones, todavía predominan en aquellos vinculados a asuntos internos y persisten prácticas que obstaculizan el acceso de las mujeres a cargos legislativos de representación.
Este miércoles se realizó el lanzamiento de Laberinto del poder: trayectoria de las legisladoras chilenas, informe que combina métodos cuantitativos y cualitativos desarrollado por la Oficina en Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que buscó caracterizar los obstáculos y oportunidades que enfrentan las mujeres para llegar al Congreso.
Participaron de la presentación Luis Felipe López-Calva, director regional para América Latina y el Caribe del PNUD; Claudia Mojica, representante residente de PNUD Chile; Marcela Ríos; representante asistente de PNUD Chile; la senadora Adriana Muñoz; la senadora Marcela Sabat; y la diputada Catalina Pérez. Moderó el espacio el periodista Patricio López, director de Radio y Diario Universidad de Chile.
En el informe se sostiene que, desde el 2006 a la fecha, ha cambiado el perfil sociodemográfico del Legislativo nacional, cuyas transformación se explica, en gran parte, por la llegada de mujeres al organismo.
Hoy, la mayoría de las legisladoras es más joven que sus pares varones (casi 7 años menos, edad promedio M: 47 años en el período actual), procede menos de colegios y carreras universitarias de elite (Último período legislativo: 77% de las M no tuvieron una educación de elite, v/s 69% de los hombres), y más de regiones diferentes de la Metropolitana, están casadas en menor proporción que los parlamentarios (M:40% y H:78%) y tienden a tener menos hijos e hijas que ellos o a no tener ninguno (M: 71% tiene hijes, promedio de hijes: 1,8. H: 89%, promedio de hijos: 2,6).
También se constató que ha aumentado progresivamente la proporción de legisladoras que fueron dirigentas sociales, en especial en el mundo estudiantil.
De igual manera se pudo observar la prominencia del sector público como puerta de entrada para las mujeres al poder legislativo (60% y estable entre primer y último período), especialmente del nivel municipal (55%) a través del desempeño de cargos de concejalía (20%). Por el contrario, el ejercicio de cargos en el Ejecutivo central es minoritario (18%) y ha disminuido en el tiempo (de 27% a 13%).
En cuanto a la relevancia de los partidos políticos, se evidenció que si bien las mujeres acceden crecientemente a cargos directivos en estas organizaciones, todavía predominan en aquellos vinculados a asuntos internos y persisten prácticas que obstaculizan el acceso de las mujeres a cargos legislativos de representación. Con esto, las campañas electorales son una de las etapas más complejas del laberinto del poder que transitan las mujeres en su camino al Congreso.
Según el informe, persisten prácticas partidarias que les obstaculizan el acceso a cargos legislativos de representación: la organización de la vida partidaria en horarios que dificultan la conciliación entre la vida pública y los roles de cuidado, la ausencia de mujeres en las mesas negociadoras de candidaturas y la prevalencia de estereotipos de liderazgo que reproducen el carácter masculinizado de la política.
Sobre este punto coincide la senadora Adriana Muñoz, quien si bien reconoció el avance de las cuotas de género en las candidaturas a cargos públicos, sostuvo que la paridad aun está lejos tomando en cuenta, sobre todo, que las directivas de los partidos son, en su gran mayoría, de composición masculina.
“Donde se concentra más el patriarcado en la política es es en los partidos, y quienes hemos sido militantes tantos años sabemos que allí está la gran barrera. Por cierto que las cuotas descomprimen, pero no se descompriman otros espacios de ejercicio fuerte del poder masculino, va a ser muy complejo que las mujeres sigan ingresando, sigan llegando a cargos de representación popular y puedan mantenerse, porque ¿Quién hace la negociación? las directivas de los partidos”.
Por su parte, la senadora Marcela Sabat destacó el avance de la participación de mujeres en le Congreso, sin embargo advirtió que no es suficiente tomando en cuenta las mujeres dirigentas de base que hay en el país. Para ella, lo ideal sería conseguir en el Legislativo la paridad con que cuenta, por ejemplo, la Convención Constitucional.
“El hecho de que se diga que no hay mujeres en política para justificar la falta de representación ha terminado, las mujeres estamos en política desde las mismas bases, donde podemos ver más mujeres, y hoy estamos haciendo todos los esfuerzos para que esas mujeres, desde las bases, ocupen los primeros lugares en política y en representación. Tenemos un gran aumento en la representación de mujeres en la Cámara de Diputados y esperamos que siga así y que se vaya extinguiendo la brecha para que logremos lo que logramos en la Constituyente: paridad. Creo que sería una importante conversación hablar de cómo generamos esa paridad en todas las instancias de representación”.
Para la diputada Catalina Pérez, un avance significativo en cuanto a la inclusión de género sería acabar con la chapa de ‘la primera mujer en ocupar cierto puesto’, ya que ocupar dichos cargos debiese ser común y así espera que sea en un futuro próximo.
“Una democracia no es saludable en la medida que no representa a las diversidades de personas que componemos el país y, desde esa perspectiva, ojalá que el próximo Congreso Nacional por última vez tenga a ‘primeras mujeres en’, como, por ejemplo, la primera mujer trans. Ojalá estemos en las últimas veces de estas primeras veces”.
Ante todo esto, el informe recomienda a las autoridades chilenas “ampliar las medidas orientadas a garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones en todas las esferas, los niveles territoriales y las instituciones de poder. Eso incluye la estructura del Estado, el sector privado y los espacios de intermediación, como los partidos políticos.
En cuanto a los partidos políticos, la PNUD pide promover la incorporación de mujeres a las cúpulas partidarias, y especialmente en cargos estratégicos y con capacidad de incidencia en los procesos de selección y nominación de candidaturas, así como adoptar mecanismos explícitos que garanticen la igualdad de financiamiento y combatir los sesgos de género y el sexismo en las campañas electorales, entre otras recomendaciones.
