El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha conseguido con la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana algo inimaginable hasta ahora: no solo unir los intereses de la Policía y la Guardia Civil, sino también que haya una práctica unanimidad dentro de cada uno de los Cuerpos, desde comisarios al último policía de la escala básica y desde generales hasta el guardia del puesto más modesto del Instituto Armado.
Todos los sindicatos policiales -desde Jupol al SUP, pasando por el SPP, UFP o CEP, entre otros-; todas las asociaciones de la Guardia Civil -Jucil, pero también AUGC, AEGC o la Unión de Oficiales, entre otras- coinciden: los cambios que el Gobierno quiere introducir en ese texto legal «criminalizan, desprestigian, hacen más vulnerables y ponen en riesgo a los agentes» . Y añaden: «Quien lo pagará son los ciudadanos, porque habrá más inseguridad en las calles y más conflictos de convivencia. Además, los funcionarios se van a abstener de intervenir en muchas ocasiones, porque saben que pueden tener problemas. Es el precio de perder autoridad».
Para entender las consecuencias de la reforma anunciada -habrá que ver su contenido final- es preciso remitirse a supuestos prácticos que policías y guardias civiles, mandos y agentes, tienen que resolver cada día. ABC ha consultado con más de una docena de ellos y su diagnóstico es demoledor.
«Las manifestaciones de carácter espontáneo no tendrán que ser comunicadas previamente»; hasta ahora, todas ellas debían ser comunicadas, aunque fuese con 24 horas de antelación en caso de urgencia.
Miembro de la escala ejecutiva de la UIP: «Si no se comunica una manifestación, ¿qué nos vamos a enterar, por las redes sociales?»
Policía de la UIP: «Montar un dispositivo de seguridad de una manifestación que no está comunicada es mucho más complicado, porque ni siquiera hay una estimación previa de cuántas personas se van a movilizar ni por dónde... Eso sin contar que quien suele actuar así lo hace precisamente para evitar la presencia de la Policía y poder actuar con impunidad».
Mando de la escala superior de la Policía: «Nadie pide permiso para manifestarse, lo que se hace es una comunicación previa para poder calibrar el impacto en la ciudadanía. Por supuesto, quien no lo comunica es porque quiere montar un altercado».
Los atestados policiales no tendrán, como hasta ahora, presunción de veracidad, sino que la limitará a lo «razonable».
Guardia civil de seguridad ciudadana: «Mi palabra va a valer lo mismo que la suya, se nos pone en tela de juicio. Pero me hace gracia una cosa. ¿También en las multas de Tráfico, que son sanciones administrativas, se va a perder esa presunción de veracidad? Porque sería lo lógico, ¿no?»
Mando de la escala superior de la Policía: «¿Quién va a decir qué es o no razonable? Se tardará tiempo en poder fijar unos criterios comunes. Pero más allá de eso, esta reforma va a provocar que los policías dejen de hacer cosas; yo mismo le digo a mi gente que tengan cuidado, que no se compliquen la vida... El 80 por ciento de los procedimientos sancionadores se basan en la presunción de veracidad, así que se vendrían abajo. Por ejemplo: a una persona se le interviene una navaja de grandes dimensiones y se le propone para sanción. Si él niega que es suya, ¿cómo puede el agente demostrar lo contrario?»
Suboficial de la Guardia Civil: «Se debilita notablemente el principio de presunción de veracidad de las manifestaciones de los agentes en las actuaciones derivadas de la seguridad ciudadana, esto coloca la autoridad del agente al mismo nivel que la persona sobre la que se actúa».
Se reduce el tiempo de detención de quienes se nieguen a ser identificados desde las seis horas actuales a solo dos.
Mando de la escala superior de la Policía: «Normalmente la identificación de los detenidos se hace antes de dos horas, pero puede haber incidencias como caídas del sistema, falta de personal suficiente... Pero es grave esa limitación cuando hay varias detenciones. Pongamos el caso de un botellón, con menores implicados. Muchos van indocumentados, y ahora se van a negar a dar cualquier dato de su identidad, o a dar el contacto de sus padres o familiares porque sabrán que en poco tiempo estarán en la calle. Lo mismo con los alborotadores de las manifestaciones. Irán todos indocumentados y para ellos será una herramienta más para salir impunes».
Responsable de seguridad ciudadana: «No conocen la práctica policial; en lo que se tarda realmente es en determinados trámites como la identificación de personas indocumentadas debido a los desplazamientos. También hay retrasos en determinadas dependencias porque hay un gran volumen de trabajo. ¿Qué haces, paras la comisaría para cumplir tiempos?... Tampoco piden información a los operativos».
Suboficial de la Guardia Civil: «En muchos casos el plazo será más que suficiente, pero en otros, como por ejemplo los entornos rurales o en altercados graves, se queda corto. Los agentes deben ocuparse probablemente de otras necesidades más acuciantes en ese momento; este plazo tan reducido obliga a dejarlo todo y centrarse exclusivamente en no sobrepasar los plazos».
Las personas que son detenidas para su identificación deben ser devueltas al lugar donde comenzó la intervención.
Mando de la escala superior de la Policía: «Otra barbaridad. Hay muy pocos coches patrulla en las calles y es evidente que si hay que devolver a un detenido al lugar de la intervención tras ser identificado en dependencias policiales va a haber un colapso».
Mando de la escala ejecutiva de la Policía: «Pensemos en que una patrulla observa un varón en actitud sospechosa que merodea por un parque infantil. Se recibe llamada, la Policía acude a identificarlo (no hay delito, solo se acude). Está indocumentado, y se le traslada a comisaría para identificarlo. Tiene antecedentes por agresión sexual a menores. Con la reforma, ¿el policía deberá devolverlo al parque infantil a ver si le da tiempo a hacer algo?»
Mando de la escala ejecutiva de la Policía: «Un conocido carterista es visto en un centro comercial. No ha cometido delito, pero está en actitud sospechosa. El vigilante llama a la Policía, que acude a identificarlo. No tiene documentación encima. Se le traslada. Le constan 35 reseñas por hurtos, robos, etc. Con la reforma se le tiene que devolver al centro comercial».
Policía de un coche radiopatrulla: «Una vez que terminemos de identificar a una persona que hemos trasladado a comisaría, que le tengamos que llevar de nuevo al lugar donde le identificamos en primer lugar, va a suponer que tengamos que hacer de taxistas y que probablemente devolvamos al implicado al punto donde estaba el conflicto».
Guardia civil de un puesto: «Si hay un accidente en el traslado al punto de origen de la persona que va a ser identificada, ¿quién lo va a pagar?».
Suboficial de la Guardia Civil: «¿Alguien entiende que un agente de la autoridad que está actuando sobre la base de una necesidad de seguridad ciudadana debe retornar al lugar donde requirió la identificación a una persona que 'motu proprio' ha puesto trabas para su identificación?».
Se limita el margen de actuación de los agentes en los cacheos para evitar que los detenidos puedan ser desnudados.
Mando de la escala superior de la Policía: «Está prohibido desnudar a alguien en la calle. Si hay que hacer un cacheo más profundo siempre se hace en dependencias policiales, y en todos los casos por un agente del mismo sexo que el detenido».
Mando de la escala superior de la Policía: «En la actualidad ya hay protocolos muy precisos sobre esta materia. Nunca, salvo en circunstancias en que no sea posible hacer otra cosa, una mujer va a cachear a un hombre, ni viceversa. Con esta medida se da una imagen de que hay abusos, cuando no es cierto en absoluto».
Policía de una comisaría: «No nos dedicamos a desnudar a nadie salvo que sea estrictamente imprescindible. Las comisarías tienen cámaras de seguridad, si hay abusos quedan grabados y el afectado puede interponer denuncia en caso de que eso ocurra».
Suboficial de la Guardia Civil: «Ya seguimos unos protocolos estrictos, no sé muy bien qué es lo que quieren cambiar».
La reforma incluye este punto en la ley de Seguridad Ciudadana, cuando la actual norma no lo recogía. Y lo hace para limitar su uso, con especial atención a las pelotas de goma.
Mando de seguridad ciudadana de la escala superior de la Policía: «Lo que más daño nos haría sería la prohibición del uso de pelotas de goma. Solo hay que mirar lo que está ocurriendo con Mossos: no pueden mantener la distancia con los agresores. Las bolas de 'foam' no valen para nada. Las pelotas son lo único capaz de mantener a distancia al agresor si te empieza a tirar piedras, hierros o lo que sea».
Mando de seguridad ciudadana de la escala superior de la Policía: «El ejemplo es lo que está ocurriendo estos días en Cádiz y en poco tiempo va a aumentar la conflictividad, porque hay amenazas de huelga de transportistas, sector lácteo, etc. El ambiente está muy caldeado y la conflictividad social va a ir a más. El orden público es muy complejo, tenemos experiencias muy recientes, la gente se está envalentonando y cada vez es más agresiva».
Guardia civil de seguridad ciudadana: « Si se quitan las pelotas de goma se producirán choques cuerpo a cuerpo. Y en la práctica no se podrán disolver manifestaciones, porque es imposible que 100-150 agentes puedan neutralizar, solo con el uso de la defensa, una situación conflictiva... No hay nadie que pueda estar más de media hora seguida dando 'gomazos'».
Se adecuará la cuantía de la multa a la capacidad económica del infractor.
Guardia civil destinado en un puesto: «De hecho, ya sucede. Muchas veces imponemos una sanción administrativa que está castigada con 600 euros y al final el juez la reduce a 50... Muchos pequeños traficantes no tienen nada a su nombre, así que se les impondrán las multas más bajas».
Mando de seguridad ciudadana de la escala superior de la Policía: «Hay un público potencial para los que pasan droga al menudeo, que son los estudiantes. Cuando se les coge es con cantidades muy pequeñas, que pueden justificar como de consumo propio. Si les rebajamos la sanción económica van a aprovecharse de ello».
Mando de la escala superior de la Policía: «Si un hombre (o una mujer) le da una paliza a otra persona y gana 1.000 euros al mes la multa será de 100 euros, pongamos por caso; ahora, si gana 10.000, le imponemos mil... La paliza es la misma. De hecho, si alguien ve que le sancionan con poco dinero y es violento, reincidirá porque le sale barato».
Pasa de ser falta grave a leve el consumo y tenencia de drogas y el abandono de jeringuillas en zonas próximas a colegios, hospitales, centros de salud...
Mando de la escala superior de la Policía: «Va a ser un chollo para los pequeños traficantes... Hay un plan de protección específico de zonas educativas precisamente para evitar la presencia de esta gente cerca de colegios e institutos. En apariencia son solo consumidores, pero trafican; y los estudiantes son una clientela perfecta para fidelizar».
Mando de la escala superior de la Policía: «Aun reconociendo que no es lo habitual que tengamos actuaciones por este motivo, es evidente que la reforma causará gran preocupación entre padres y profesores, porque hace algún tiempo sí era frecuente la presencia de toxicómanos cerca de los centros educativos. Y si se acercan a ellos es porque además, trafican. Si ni siquiera se les puede sancionar económicamente como falta grave, hay peligro de volver a la anterior situación».
Guardia Civil destinado en seguridad ciudadana: «Si la tenencia y consumo de drogas pasa a ser falta leve también en zonas próximas a colegios la preocupación de los padres y profesores va a aumentar, y con razón. Y que nadie olvide que si circula más droga por la calle porque hay menos sanciones las grandes beneficiadas serán las mafias».
Se podrá grabar a policías y difundir su imagen en las redes aunque eso pueda poner en peligro la seguridad de los agentes y sus familias.
Oficial de la Guardia Civil: «Permitir que particulares graben a agentes en sus actuaciones es muy peligroso, porque las imágenes pueden ser utilizadas con fines espúrios».
Mando de la escala superior de la Policía: «Los que nos graban no son manifestantes pacíficos, sino grupos de extrema izquierda, anarquistas y antisistema. Y lo hacen para estudiar cómo actuamos, ver cómo nos movemos y dónde somos más vulnerables. De hecho, esas imágenes luego llegan a sus manuales de guerrilla urbana».
Mando de la escala superior de la Policía: «La ilicitud de este hecho se hace depender de que exista un peligro o riesgo cierto. ¿Cómo puede conocer el agente esos datos en el momento en que se toman las imágenes? Es una tomadura de pelo en toda regla. Luego prohibirán que salgamos de servicio con pasamontañas para no ser identificados, como hicieron en Cataluña».
