Tras un año marcado por los graves daños sufridos por el olivar en algunos puntos de Castilla-La Mancha debido al paso del temporal Filomena, todo parece indicar que la cosecha de aceituna irá a la baja. Según las estimaciones, tanto del sector como de la Consejería de Agricultura, la caída será de en torno a un 15% o un 20%, con una previsión de 105.000 o 106.000 toneladas, cuando en la campaña anterior se alcanzaron las 120.000 toneladas.
Todo dependerá, tal y como coinciden todos los actores implicados, de que no vuelva a repetirse la cuantiosa nevada y las temperaturas tan bajas de la campaña anterior. Sin embargo, aparte de esta cuestión, hay un tema que están en boca de algunos representantes del sector olivarero que, al igual que pasó durante la vendimia, están hablando de los problemas que están teniendo para encontrar mano de obra para recoger la aceituna.
Las principales quejas, como siempre, llegan desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), que en Castilla-La Mancha ha pedido medidas que faciliten la contratación y tramitación de mano de obra de cara a la recién iniciada campaña del olivar. La organización agraria habla de los problemas que encuentran los empresarios agrarios y pide colaboración a los diferentes organismos en la comisión regional para la ordenación, coordinación, e integración sociolaboral de los flujos migratorios laborales en campañas agrícolas.
Fue la vicepresidenta de Asaja a nivel regional, Blanca Corroto, la que se reunió la semana pasada con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, durante dicha comisión, donde exigió medidas para que las prestaciones sociales no supongan un impedimento a la hora de la contratación de trabajadores para el campo que, según la organización agraria, solucionaría muchos de los problemas de falta de mano de obra.
Asaja solicita además colaboración para aclarar las normativas de extranjería y facilitar los trámites administrativos de cara a la próxima campaña de aceituna, sobre todo, en lo que respecta a los permisos de trabajo. En este sentido, el inspector jefe de la Brigada Policial de Extranjería y Fronteras de la Comisaria de Toledo, Guillermo Gallego Mateos, y el director provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Toledo, Gonzalo Martín Alberca, aceptaron reunirse con la organización agraria para ofrecer todas las aclaraciones necesarias.
Por otro lado, los miembros de la comisión hicieron referencia a la reforma laboral que pretende aplicar el Gobierno de España, contra la se posiciona Asaja porque, a su entender, «lleva aparejado acabar drásticamente con los temporeros sin ofrecer alternativas para la contratación de trabajadores en las campañas agrícolas». En relación a las inspecciones de trabajo, Blanca Corroto dijo que se tenga en cuenta la presunción de inocencia del empresario. «Los profesionales del campo no tienen afán defraudatorio y no se puede criminalizar a todo un sector por las actuaciones negligentes de casos aislados», concluyó.
Uno de esos empresarios es Nazario García Cabeza, de la localidad toledana de Mora, que se encuentra ya en Se prevé plena faena de recogida de la aceituna en una jornada que va desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde aproximadamente. «No sabía si iba a tener suficientes trabajadores. De hecho, sigo demandando un empleado, aunque me puedo ir apañando», reconoce a ABC este olivarero moracho.
La duración de la campaña puede oscilar entre los 45 y los 60 días, dependiendo de las condiciones climatológicas y de la cantidad y calidad del fruto. «La de este año va a ser más corta y con menos aceituna», indica este olivarero de la Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua de Mora, que prevé un descenso del 60% con respecto a la anterior, cuando recogieron 18,7 millones de kilogramos de aceituna, mientras que para ésta prevén que sean unos 7 millones.
«Prefieren ayudas a trabajar»
«Hay 32.000 parados agrícolas. Muchos prefieren ayudas a trabajar», afirma rotundo Nazario García Cabeza, que cuenta que tiene a cinco personas contratadas para esta campaña y también le están ayudando sus dos hijos. Sin embargo, informa de que hay otros olivareros que «aún no han empezado a recoger la aceituna porque no tienen trabajadores suficientes y otros empezarán más tarde también por la falta de mano de obra».
«La situación es seria y complicada», asegura este empresario, que dice que hay compañeros que están ofreciendo más dinero de lo que marca el convenio colectivo del campo —61 euros brutos/56 euros netos diarios— para atraer a temporeros para la campaña. «La gente no es consciente de que gran parte de los contratos en este sector son temporales, es decir, que dura el mes o los dos meses que dura la campaña», explica.
Sobre esta reclamación hecha por Asaja y empresarios como Nazario, ha salido al paso la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, que aclara que «en estos momentos hay 31.998 peones agrícolas demandantes de empleo inscritos en la base de datos de la Seguridad Social más una cifra superior a los 11.000 trabajadores profesionales del campo». Por eso, afirman que, como se puso de manifiesto en la comisión regional para la ordenación, coordinación, e integración sociolaboral de los flujos migratorios laborales en campañas agrícolas, «no hace falta contingente para la campaña del olivar», tal y como aseguró la viceconsejera de Empleo de Castilla-La Mancha, Nuria Berta Chust Martínez.
Un trabajador, vara en mano, durante la campaña del olivar
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José Luis Moraleda
Otra asociación agraria, como es UPA (Unión de Pequeños Agricultores) no ha advertido aún este problema de falta de mano de obra. Según explica a ABC Elisa Fernández, secretaria de organización en Castilla-La Mancha, ellos tienen como asociados a olivareros de pequeñas explotaciones, «los cuales no han denunciado ninguna incidencia de este tipo para esta campaña, aunque todavía no ha empezado en muchos sitios, por lo que quizá sea algo que estén sufriendo más las macroexplotaciones».
Vigilar las irregularidades
Vigilantes por cómo se vaya desarrollando la campaña estarán los agentes de la Guardia Civil, que es el cuerpo de seguridad del Estado que está presente en todos los pueblos y zonas rurales de España y de Castilla-La Mancha. Según informan desde el Instituto Armado, cada campaña olivarera se pone en marcha un plan especial de servicio con la finalidad de contribuir al normal desarrollo de la temporada. Entre sus objetivos, está el de reducir la actividad delictiva, defender y garantizar los derechos de los empresarios, agricultores y trabajadores, e intensificar la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
«No se puede definir un número exacto de agentes que presta servicio durante la campaña, ya que son los mismos agentes que trabajan cada día al servicio del ciudadano, pero esta vez con cometidos específicos con motivo de la campaña olivarera», afirman a ABC fuentes de la Guardia Civil sobre la cantidad de efectivos de una campaña como la del olivar. A través de la Comandancia de cada provincia, se coordinan las diferentes unidades, como Seguridad Ciudadana, Equipos contra Robos en el Campo (ROCA), el Servicio de Protección a la Naturaleza, Policía Judicial o la Agrupación de Tráfico de este cuerpo.
Lo que sí que tienen claro en la Guardia Civil es que es fundamental la cooperación y coordinación con otros órganos de la administración y agentes sociales con competencias en la materia, con el fin de realizar las inspecciones en las explotaciones agrarias que permitan detectar las posibles infracciones cometidas, tanto en materia de los derechos de los trabajadores, como incluso en materia medioambiental por el uso de fitosanitarios.
También estarán vigilantes, en concreto por las contrataciones que se hagan de temporeros, en CCOO. «A mí no me cabe la menor duda de que si trabajar en el campo fuera más atractivo económicamente, no habría mayor problema», sostiene el secretario general de Industria del sindicato en Castilla-La Mancha, Ángel León, quien se queja de que esta reclamación de Asaja «es una cuestión repetitiva campaña tras campaña y año tras año».
El responsable sindical apunta que en Castilla-La Mancha no hay un convenio regional del campo y, por eso, hay diferencias salariales entre unas provincias y otras, como pasa en otras comunidades autónomas. Además, critica que Asaja utilice el tema del subsidio agrario porque, a su juicio, «hay mucha gente que sólo tiene eso y, si no aceptan un empleo, es porque no les compensa económicamente».
«Nos queda mucho trabajo por hacer en cuanto a condiciones laborales en el sector primario», subraya el secretario general de Industria de CCOO, que alaba en este sentido la decisión del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, de no dar ayudas de la PAC a los empresarios agrícolas que no cumplan con la normativa laboral. «Aparte de la calidad de los productos agroalimentarios que tenemos, hay que luchar por un trabajo digno en el campo», concluye.
Ángel León aclara, no obstante, que «casi todo el mundo cumple con la normativa laboral en las campañas agrícolas, pero los que lo hacen perjudican al resto». Por eso, desde CCOO anuncian que estarán vigilantes para que se cumplan los convenios en cada una de las cinco provincias, algo que harán de la mano del Ministerio de Trabajo, que lleva a cabo «una labor importante para intentar hacer aflorar el fraude laboral en las campañas agrícolas».
«Hay que erradicar la imagen tercermundista que se ve en algunos puntos concretos de la geografía castellanomanchega», manifiesta el representante sindical, que considera que es una tarea complicada en Castilla-La Mancha porque, al ser una región tan extensa, es difícil llegar a supervisar todas los lugares y explotaciones agrícolas que existen.
