El Partido Popular no se resigna a la normalización de los herederos políticos de ETA. El Gobierno de coalición, desde la última investidura de Pedro Sánchez, ha incorporado a EH Bildu a la 'dirección del Estado' a pesar de que la formación independentista sigue justificando el pasado de la banda criminal. El PSOE quiso ver un paso adelante en las palabras de Arnaldo Otegi en el décimo aniversario del fin de la actividad armada de los terroristas –dijo que sentía el dolor causado a las víctimas, aunque no pidió perdón explícitamente–, pero todo se enturbió rápidamente, cuando horas después aseguró ante sus fieles que su intención era intercambiar su apoyo a los Presupuestos por la liberación de doscientos presos etarras.
Después matizó sus declaraciones, pero a nadie se le escapa que el Ministerio del Interior lleva meses acercando a etarras a cárceles del País Vasco mientras en paralelo se ha transferido la competencia de prisiones a la comunidad autónoma vasca. Al PP tampoco le parece casual y quiere intentar aislar a Bildu cuanto antes. Por ello, entre las 2.088 enmiendas parciales que los populares han registrado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), hay dos encaminadas a proteger la memoria de las víctimas y a combatir el «blanqueo» del terrorismo.
ABC ya publicó que el Gobierno retiró alusiones específicas a la banda terrorista de documentos adjuntos a los Presupuestos Generales del Estado, y el PP busca revertirlo. El Grupo Parlamentario Popular reclama añadir modificaciones legales en la disposición final séptima de las cuentas públicas y, además, incorporar una nueva disposición adicional. Entre las medidas que plantea, destaca una para dejar sin fondos públicos a los partidos políticos con condenados por terrorismo en sus filas. Eso cortaría la financiación pública de Bildu, cuyo líder, Arnaldo Otegi, fue condenado por secuestro y pertenencia a organización terrorista.
En un contexto en el que se siguen produciendo 'ongi etorri' y en el que los socialistas han rechazado en el Congreso y en el Senado iniciativas para combatirlos, los populares proponen además «impedir los homenajes públicos a terroristas». Una petición que casa con la proposición de ley de Ciudadanos –que se debatirá previsiblemente el próximo pleno– para prohibir los homenajes a terroristas. Asimismo, los populares añaden a esa disposición final séptima «la exclusión de los pactos y acuerdos políticos a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de las organizaciones terroristas e intentan legitimar su existencia». De nuevo, Bildu en el punto de mira.
Esclarecer los crímenes
El PP exige que para avanzar de grado, además de mostrar arrepentimiento, los presos etarras deban colaborar en el esclarecimiento de los más de trescientos asesinatos sin resolver de ETA. También reclama que se vigile la ejecución de las competencias traspasadas al País Vasco en materia penitenciaria y que se incluya la posibilidad de recuperar la transferencia «si se aprecia un trato de favor hacia los presos condenados por terrorismo». Por último, los populares desean que se cree una estructura dentro del Ministerio Fiscal para investigar los crímenes pendientes de la banda terrorista. Lo justifica «en un momento en que se pretende blanquear a ETA y a sus herederos políticos».
Lo más probable es que estas enmiendas no prosperen, ya que lo habitual es que el Gobierno haga rodillo con las propuestas de la oposición y tampoco querrá incomodar a Bildu, socio del Ejecutivo desde la investidura de Sánchez tras la repetición electoral. Aun así, el respaldo de los herederos de Batasuna a las cuentas no está garantizado, ya que el diputado Oskar Matute advirtió durante el debate de totalidad de los PGE de que su posición es maximalista en cuanto a la reforma laboral. O hay derogación íntegra, o Bildu se borra.
