La juez que lleva el caso de los presuntos delitos de «malversación de fondos públicos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra», rechazó este jueves archivar la investigación y en cambio ordenó un careo entre los peritos del gobierno y los independientes que cuestionan la legalidad de la operación.
La providencia de la juez Esperanza Collazos, a la que tuvo acceso el diario español El Mundo, detalla que se fijó para el 18 de enero de 2022 «una diligencia de careo entre los peritos del informe pericial y el que realizó Deloitte y DC Advisory».
Según El Mundo, la juez quiere escuchar a los peritos contratados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que critican las conclusiones de peritos independientes, quienes señalan en un informe que hay «dudas más que razonables de que Plus Ultra cumpliera los requisitos para recibir el rescate del Estado». De hecho, aseguran que la compañía no estaba en crisis antes de la pandemia del coronavirus.
La Fiscalía española pidió el miércoles los documentos de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros (61,5 millones de dólares) concedidos a la aerolínea Plus Ultra, pues considera que el último informe pericial de la causa no permite concluir que estuviera en crisis en el momento de recibir la ayuda.
De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso Efe, Plus Ultra cumpliría, por lo general, «con la práctica totalidad de las condiciones establecidas» por la SEPI de España para conceder los préstamos.
El 9 de marzo de 2021 el gobierno autorizó que Plus Ultra recibiera esos recursos del Fondo de la SEPI de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas.
Este asunto es motivo de polémica política en España entre el Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez, y la oposición de conservadores, extrema derecha y liberales, que cuestionan la ayuda.
Su capital social es español mayoritariamente, si bien algunos miembros del accionariado son venezolanos o tienen doble nacionalidad española-venezolana, según la propia empresa, que negó en su momento vinculación alguna con el chavismo.
La decisión del Ministerio Público se produce a raíz del informe «Plus Ultra Líneas Aéreas S.L.», de Martín Molina Abogados y Economistas. Fue encargado en junio por el juzgado de Madrid que se ocupa del caso «con el fin de informar si la compañía cumplía en el momento de la concesión de la subvención pública la normativa aplicable».
Hasta entonces, recuerda la Fiscalía, el sumario contaba con dos informes de expertos independientes que, con base en la información aportada por registros públicos, avalaban la concesión de la ayuda.
Ahora, esta nueva pericia determina que «Plus Ultra cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, a pesar del amplio espectro de alguna de las mismas, excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en ‘situación de crisis’ a 31 de diciembre de 2019».
Antes de concederle el rescate de 53 millones de euros (61,5 millones de dólares), el gobierno español preguntó a Plus Ultra por la quiebra de Air Madrid en 2007 y por el préstamo participativo del banco panameño Panacorp Casa de Valores recibido en 2017.
Panacorp evitó en 2017 que Plus Ultra entrara en causa de disolución mediante un préstamo participativo por 6,3 millones de euros. Sin embargo, este mismo año ambas partes firmaron otro préstamo por 450.000 euros que la aerolínea se comprometió a devolver en cuanto recibiese el dinero público.
Para entonces, la empresa panameña tenía bonos en Venezuela por un valor de 9,3 millones de euros, de los que 7,1 millones son de la propia República Bolivariana y 2,2 millones de Pdvsa.
Vinculado a este banco está Camilo Ibrahim Issa, millonario venezolano cercano al gobierno de Nicolás Maduro, que en 2017 pagó 3,7 millones de euros para pertenecer al accionario de la aerolínea.
La entidad financiera está dirigida por su sobrino, Mohamed Ibrahim Ibrahim. Además, dentro de la administración de Panacorop está María Aurora López López, titular de más de la mitad de las acciones de Plus Ultra.
De acuerdo con informaciones reveladas por Vozpópuli, Plus Ultra destinaría 6,1 millones de euros del rescate del gobierno español a pagar sus deudas con Pdvsa este mismo año. Asimismo, 1 de cada 4 millones del rescate de 53 millones están reservados para empresas vinculadas al chavismo.
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