La recepción de los fondos europeos tiene condicionalidad y el Gobierno deberá cumplir con las directrices que llegan desde Bruselas para percibirlos. Una primera parte amable de la reforma de pensiones ya está en el Parlamento, la que liga las subidas con el IPC y premia el retraso voluntario del retiro, y ahora el Gobierno debe poner en marcha una segunda parte, la más dura, la que debe ajustar el gasto y devolver al sistema al superávit. Y en esta segunda parte, Bruselas obliga a España a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones en 2022 para que se ponga en marcha de forma paulatina desde 2023.
El compromiso forma parte del acuerdo con la Comisión para implementar el plan...
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