Nuevos actores sociales y activistas están demandando el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación a 48 años del golpe de Estado cívico-militar, que se suman a las generaciones de hijos e hijas como víctimas directas o indirectas de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Ahora se trata de descendientes de perpetradores y genocidas que han recorrido un camino de desafiliación de sus familias y de reafiliación a otras comunidades como defensores de derechos humanos, usando diversas formas de expresión, denuncia y preservación de la memoria a través de distintos tipos de archivos.
Cuando hablamos de documentos o archivos de derechos humanos no sólo se incluye una carta, un testimonio o documentos escritos, como los que fueron parte del sistema de registro del terrorismo de Estado que realizaron organismos de derechos humanos durante la dictadura para la denuncia, defensa y protección de las víctimas. También son archivos de derechos humanos las fotografías, videos, registros sonoros, artesanías, entre otros.
Existe una diversidad de materiales, que van desde textos a imágenes, cuerpos o muros, que han servido para denunciar las violaciones de derechos humanos. Es así que desde el proyecto “Tecnologías políticas de la memoria” de la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Austral, y el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, buscamos fomentar el uso y la apropiación de los archivos en el campo de la producción cultural, la educación, los sitios de memoria y los mecanismos de la justicia transicional.
Principalmente mujeres hijas de perpetradores han llevado adelante procesos de desafiliación de sus progenitores; han reconocido y condenado las atrocidades cometidas por ellos; y han aportado a la verdad, justicia y memoria. Como descendientes de genocidas se han desvinculado de sus familias, rompiendo mandatos sociales, culturales, religiosos y legales de lealtades familiares, y han logrado salir de marcos ideológicos donde la verdad ha sido ocultada y tergiversada. Se han desvinculado de los Pactos de silencio de los victimarios y de los legados criminales, porque no quieren ser cómplices de la impunidad y se niegan a transmitir ese legado a las futuras generaciones.
Han cruzado un camino de desafiliación doloroso, descorriendo velos y reconociendo que su padre o su tía no eran esa persona que creían conocer tan bien. Y en el acercamiento a sobrevivientes y familiares de víctimas, se les cree, son acogidos y, en ocasiones, inician conversaciones largas que deben ser reparadoras para ambas partes. La posibilidad de esos vínculos resulta tremendamente esperanzadora.
El colectivo “Historias Desobedientes” ha redireccionado una trayectoria de silencio, negación y violencia sembrada por sus familiares victimarios a través de los crímenes que cometieron, y su nulo arrepentimiento y colaboración con la verdad y la justicia. Hay un tremendo valor en el empeño por darle otro sentido a una biografía personal y familiar que de otra forma permanecería asentada en el negacionismo y el daño.
Quienes integran el colectivo han ofrecido valientemente sus testimonios, y han recurrido a formas de expresión y denuncia mediante el uso de los archivos que resguardan las historias de las víctimas, esas mismas historias que sus parientes perpetradores se empeñaron en borrar.
Hay valor en torcer este legado familiar abierta y públicamente, porque vuelven a toda la sociedad testigo de esta opción por repudiar la mentira y el daño. Hay valor en hacer memoria, porque sabemos que no hay mejor aliado de la repetición de crímenes de masas que el olvido o la distorsión de la verdad. Y por último, hay valor en desnudar al perpetrador desde su propio linaje: ni héroe, ni monstruo, un ser ordinario.
Si bien en el caso chileno los antecedentes aportados a la justicia por familiares de genocidas se han encontrado con el obstáculo de la ley de Amnistía, en Argentina -donde surgió el colectivo Historias desobedientes-, sí se han convertido en pruebas judiciales. Cabe recordar que en Chile los casos de crímenes de lesa humanidad se tramitan por el antiguo sistema penal, que es escrito. Por lo cual, a nivel simbólico, no sucede lo que en el país trasandino, donde el familiar “desobediente” y el genocida se enfrentan cara a cara en el tribunal y muchas veces la situación es registrada en una grabación que permite su disponibilidad y circulación pública. En Chile, ese encuentro es mediado por documentos.
El lento e incompleto mapa de la justicia chilena con respecto a los crímenes de Estado del tiempo de la dictadura, no se ha alterado sustantivamente. Sin embargo, a través de la investigación judicial muchas familias van conociendo las actuaciones y responsabilidades que le caben a sus parientes en la perpetración de estos crímenes y en el sostenimiento de Pactos de silencio, que impiden hasta hoy conocer la verdad de lo ocurrido con las vidas de cientos de ciudadanos y ciudadanas.
La autora es directora del proyecto “Tecnologías políticas de la memoria” y académica Universidad Alberto Hurtado.
