La firma israelí NSO Group —creadora de Pegasus, el programa que fue utilizado en medio centenar de países para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y hasta algún jefe de gobierno— se desvinculó de cualquier relación con el primer detenido en México por el escándalo de espionaje en torno a este software.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el lunes del arresto y la apertura de proceso contra Juan Carlos G. R. por intervenir comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial con el agravante de cometerse en contra de una periodista “con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión”.
La FGR no ofreció el nombre de la comunicadora y solo identificó al detenido como Juan Carlos G. R. ya que la ley no permite dar el nombre completo de los procesados.
Juan Carlos es un empresario vinculado a la empresa Proyectos y Diseños VME y al grupo K.B.H compañías enlistadas por el gobierno como parte de las empresas “fachada” que suscribieron contratos con entidades oficiales de seguridad e inteligencia relacionados con la adquisición de Pegasus durante las administraciones de Felipe Calderón (2006-2011) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En un comunicado conjunto, las organizaciones Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, R3D, Social Tic y Artículo 19, colectivos que han acompañado las denuncias de espionaje, indicaron que todo apunta a que esas empresas fueron las intermediarias de NSO Group en México.
Enfatizaron, además, que Juan Carlos es “pieza clave en la trama para entender el uso ilegal del software Pegasus en México, tanto en el ámbito público como privado” y consideraron su arresto muy importante para empezar a llevar ante la justicia a los responsables de esta red no solo en México sino en el resto del mundo.
En un mensaje enviado a The Associated Press, NSO Group aseguró que el detenido “no es, ni nunca fue, un empleado de NSO Group ni de ninguna de sus filiales”, pero no aclaró si tuvo alguna otra relación con él o con las mencionadas compañías. AP solicitó un comentario al respecto, pero no obtuvo respuesta de forma inmediata.
NSO reiteró que su tecnología, destinada a rastrear presuntos criminales, “sólo puede ser vendida a agencias gubernamentales verificadas y que no puede ser operada por compañías privadas o individuales”.
Las primeras denuncias del uso de Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos surgieron en Mexico en 2017.
En julio pasado, la organización Forbidden Stories, con sede en París, y Amnistía Internacional, en coalición contra otras ONG y medios, demostraron que el alcance de este programa de espionaje iba mucho más allá. Consiguieron una lista de más de 50,000 números de teléfonos celulares presuntamente seleccionados por clientes de NSO para un potencial espionaje entre los que incluso había jefes de Estado. El número más grande de la lista, 15,000, correspondía a teléfonos de México.
En aquel momento, NSO Group rechazó haber tenido “una lista de blancos potenciales, pasados o existentes”, dijo que no tenía acceso a los datos de sus clientes y negó los señalamientos en su contra.
