Calma tensa entre los rectores catalanes y la Generalitat ante la nueva ley de universidades que prepara el Gobierno. De aplicarse en Cataluña como está planteada en el borrador que se tramita en el Congreso de los Diputados, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), más conocida como la ‘ley Castells’, desmontaría el modelo propio de universidad impulsado durante años por el Govern catalán, segregado del estatal y que potencia la vía laboral frente a la funcionarial en la contratación del profesorado.
Desde la entrada en vigor de la Ley 1/2003 de Universidades, Cataluña ha creado su propio cuerpo docente paralelo al de la vía funcionarial (catedráticos y titulares), con personal permanente (catedráticos y agregados) y temporal (lectores, asociados, eméritos, colaboradores y visitantes), que gestiona sin ningún control del Estado.
¿Qué interés puede tener el Ejecutivo autonómico en tener plantillas de docentes segregadas de las estatales? Fuentes académicas consultadas por este diario dan por sentado que ese modelo del sistema de contratación «ha escondidouna clara intencionalidad política». «Es una forma de controlar a su profesorado», asegura en declaraciones a ABC el catedrático de Psicología Clínica y Psicobiología de la Universidad de Barcelona (UB) Santiago Redondo.
Tanto Redondo como otros profesores de diversas universidades interpelados por este periódico coinciden en que «en estos últimos años se ha extendido en Cataluña la idea falsa de que el modelo funcionarial es anacrónico, caduco, y que debe tenderse hacia un modelo laboral imperante en algunos países europeos». «Se ha denostado al funcionario y se han convocado muy pocas plazas», aseguran las mismas fuentes de toda solvencia.
Ahora, la LOSU amenaza el ‘statu quo’ del sistema universitario catalán con varias medidas que impactan directamente en su arquitectura docente. La que más preocupa a los rectores y al Govern es la que establece que el porcentaje de funcionariado en las plantillas docentes de las universidades aumente del 51 por ciento actual (que ya no se cumple desde hace años en los centros catalanes) hasta el 55 por ciento, algo que, según afirman las citadas fuentes académicas, resulta «inaplicable» en Cataluña, en tanto que la proporción de profesorado funcionario, apenas alcanza en la mayoría de los centros el 30 por ciento. Así lo constatan las estadísticas de las universidades, consultadas por ABC.
Según datos del Instituto de Estadística de la Generalitat, el porcentaje de docentes funcionarios (catedráticos y titulares) en el sistema universitario público era en el curso 2019-2020 de un 25 por ciento, frente a un 75 por ciento de personal laboral. Desglosado por universidades, las cifras no son muy diferentes. En la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), los últimos datos recogidos en su Portal de Transparencia revelan que de los 2.987 profesores en activo, solo 866 son funcionarios, lo que supone un 29 por ciento del total.
En la Universidad de Barcelona (UB), una de las que más ha potenciado la vía laboral –la cifra de catedráticos no funcionarios ha aumentado un 4.300 por ciento desde 2015 y la de agregados un 61 por ciento–, la cuota de funcionarios no alcanza el 25 por ciento (1.462 docentes), frente a un total de 4.363 profesores contratados por el Govern. La Universidad de Gerona (UdG), presenta una cuota de funcionarios en sus plantillas del 22 por ciento y la Autónoma de Barcelona (UAB) del 48 por ciento. Los datos de los centros constatan de forma contundente cómo la Generalitat catalana «ha ido arrinconando la vía funcionarial», denuncian los mismos catedráticos.
«En cuestión de poco más de una década, la autonomía ha pasado de tener un porcentaje mayoritario de funcionarios docentes de cuerpos estatales (de alrededor del 70-80 por ciento) a una inmensa mayoría de personal docente laboral de cuerpos propios», señala Santiago Redondo. El catedrático de la Universidad de Barcelona también advierte de los riesgos para el profesorado de este modelo segregado catalán.
«Este profesorado propio está, en general, desvinculado del conjunto del sistema universitario español en lo relativo a sus procesos de evaluación y acreditación, sujeto a proyectos de investigación, participación en comisiones de evaluación conjuntas de carácter estatal, tribunales de oposición en otras universidades, etc...», afirma Redondo. Otro profesor agregado de la Autónoma de Barcelona recuerda, además, que si eres catedrático laboral no puedes ser rector ni formar parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Eso, junto al hecho de que el profesorado contratado por el Govern tiene más problemas para acceder a una plaza en una universidad del resto de Estado.
«Han de concursar de nuevo y perder toda la productividad, es decir renunciar a todo y empezar de nuevo», aclaran fuentes próximas a la UB. Otros docentes que han ofrecido su testimonio a ABC han preferido mantener el anonimato por temor a que afecte a su trabajo y coinciden en que «la LOSU no es sensible con el modelo catalán y, de aplicarse, tal y como está planteada, podría suponer el fin de ese control autonómico en las plantillas».
Dudan, sin embargo, de que «llegue a materializarse en Cataluña». «No han cumplido desde hace años con la cuota del 51 por ciento de personal funcionario y ahora tampoco van a hacerlo. No creo que lo cumplan», presagian con tintes de pesimismo.
Esa es la principal ‘línea roja’ que se cruzaría, a juicio de la Generalitat, con el nuevo marco legal que plantea el Gobierno central, aunque hay muchas otras amenazas que se perfilan para los rectores catalanes, como la de rebajar del 40 por ciento al 20 por ciento la cifra de personal temporal en las plantillas, con un elevado nivel de temporalidad y precarización en los centros catalanes. Los rectores de las doce universidades públicas ya han hecho frente común con la Generalitat para oponerse a la futura normativa. Coinciden en que el sistema universitario catalán no se siente representado en el proyecto que perfila el Gobierno y lo tildan de «centralista» y «uniformador». Por este motivo han preparado un documento de posicionamiento con respecto al anteproyecto en el que trazan las líneas rojas que, a su juicio, no se deberían traspasar. «Si ha de renovarse una ley de hace 20 años, la propuesta debería ser moderna, pero no lo es, tiene una tendencia reguladora que no va acompañada de garantías», ha dicho la consejera de Universidades, Gemma Geis, al ser preguntada públicamente sobre el anteproyecto.
En esta misma línea se ha posicionado la directora general de Universidades, Victòria Girona, en declaraciones a ABC. «Esta ley orgánica no presenta ningún modelo de universidad y, por lo tanto, en el borrador que se está trabajando internamente, el sistema universitario catalán no se siente reconocido», asegura.
Girona también explica que «ya en el procedimiento previo de audiencia pública, el Govern y los rectores catalanes» presentaron un documento común en el que marcaban su posicionamiento «respecto a diferentes temas que plantea el anteproyecto» de la ‘ley Castells’. La Generalitat y las universidades plantean que el 55 por ciento de cuota de personal docente funcionario que establece la LOSU se cambie por «un 55 por ciento de personal permanente», con lo cual Cataluña no tendría que modificar su modelo de profesorado. «Nuestra propuesta es que cambien en la ley la palabra funcionarios por permanentes; y así las comunidades podríamos desarrollar carreras académicas y programas de personal docente e investigador propios», aclara.
Profesores y catedráticos dan por sentado que el problema de la falta de profesorado funcionario en Cataluña irá a más. «Con toda probabilidad decrecerá en los próximos años, a medida que esos profesores (en general de mayor edad) se vayan jubilando. Y, entonces, las universidades catalanas ya estarían completas y definitivamente desconectadas del sistema universitario español», vaticinan.
