El Gobierno plantea subir medio punto las cotizaciones sociales durante diez años, a partir de 2023, como parte del mecanismo de equidad intergeneracional con el que busca equilibrar las cuentas de la Seguridad Social a medio y largo plazo
Según han explicado hoy a Efe fuentes de la negociación, esta ha sido la propuesta que ha llevado esta tarde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la mesa con patronal y sindicatos en la que negocian algunas de las medidas que quedaban pendientes de la reforma de pensiones que se tramita en estos momentos en las Cortes.
Tal y como han adelantado El País y eldiario.es, esta subida de las cotizaciones sociales tendría un carácter finalista, ya que iría destinada a nutrir el fondo de reserva de la Seguridad Social, la llamada "hucha de las pensiones", que actualmente cuenta con apenas 2.000 millones de euros.
El objetivo de este mecanismo, que sustituirá al factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013 y ya derogado, es garantizar las pensiones de los llamados "baby boomers", los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.
Las fuentes consultadas han explicado que no está fijada la subida definitiva de las cotizaciones sociales, puesto que será fruto de las negociaciones con los agentes sociales, ni qué parte de ese incremento será aportado por la empresa y qué parte por los trabajadores.
Actualmente, el tipo de cotización por contingencias comunes asciende al 28,3 % (el 23,6 % a cargo de la empresa y el 4,7 % a cargo del trabajador).
El incremento propuesto de medio punto de las cotizaciones sociales, han explicado las fuentes, supondría abonar 10 euros extra al mes en el caso de un trabajador con un sueldo medio, cuantía que se reduciría a 5 euros al mes para uno "mileurista".
Además de este incremento de las cotizaciones sociales y como parte del mecanismo de equidad intergeneracional, el Gobierno deberá mantener el gasto en pensiones sobre el PIB según las proyecciones del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report (0,8 puntos del PIB, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy).
Y para ello, a partir de 2032, revisará cada tres años esta ratio y, en caso de desviación, deberá adoptar medidas adicionales pactadas en el seno del diálogo social y con acuerdo en el Pacto de Toledo.
Se trataría así, han explicado las fuentes consultadas, de una herramienta contingente y sólo se activaría si se dieran determinadas circunstancias, como un incremento del gasto en pensiones, y además sería temporal y equilibrada, puesto que no sería soportada por una sola generación.
El ministerio, la patronal y los sindicatos apuran las últimas reuniones de la mesa de diálogo social para tratar de cerrar este mecanismo de equidad intergeneracional, que quedó esbozado en el proyecto de ley de reforma de pensiones y que el Gobierno quiere introducir en el trámite de enmiendas del Senado para que entre en vigor junto con el resto de medidas el próximo 1 de enero. EFE
