Berlín ha votado en referéndum a favor de la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre para crear un parque público y abaratar los alquileres. La consulta no es vinculante pero muestra la voluntad popular y sirve de medida de presión a los políticos. Ahora los socialdemócratas, que han ganado no solo en las generales, también en las municipales de la ciudad, tendrán que plantearse la cuestión. La cuestión es que los berlineses, como en general la mayoría de habitantes de las ciudades europeas, están hartos de que un bien básico como la vivienda se haya convertido en un lujo en manos de las grandes empresas. Su respuesta ha sido clara y contundente: exprópiese.
Y mientras en España… Unidas Podemos registra este jueves una propuesta de ley de la vivienda que prevé la limitación de los alquileres para "pinchar la burbuja", evitar los desahucios, asegurar el acceso a los suministros básicos, impedir las casas vacías y crear un parque público. El proyecto cuenta con el apoyo de toda la izquierda de la Cámara, pero no con el socio de la coalición, el PSOE, pese a que regular los alquileres es uno de los acuerdos de gobierno. Los socialistas llevan meses demorando una ley por su negativa a intervenir los precios. Ábalos dejó clara su postura antes de que le cesaran como ministro: "La vivienda es un derecho pero también es un bien de mercado". Si lo hubiera dicho Rodrigo Rato, no nos hubiera extrañado.
El PSOE quiere reducir los precios con rebajas fiscales a quienes alquilen sus viviendas por debajo de la media de mercado, un modelo que en Portugal se ha demostrado fallido porque los incentivos son inferiores a los beneficios de alquilar caro. Nadia Calviño llegó a decir que la limitación de precios en Berlín o París había fracasado. Primero, no es cierto. Segundo, la intervención no basta. Si hay controles para aplicarla, la regulación de precios, que existe en lugares tan poco bolivarianos como Francia, Dinamarca, Holanda, Alemania o Nueva York, consigue detener la especulación, detener las subidas y, en algunos casos, bajar los precios. Pero además se necesitan otras medidas, sobre todo, una gran oferta pública. Viena es el mejor ejemplo. Allí el precio medio es de 9,9 euros el metro cuadrado, frente a los 18,6 de Madrid o los 19,3 de Barcelona. Lo de siempre: sí se puede, pero hay que querer.
En España se ha hecho lo contrario, vender vivienda pública a fondos buitres gracias al PP. El Gobierno de Rajoy aprobó en plena crisis sendas leyes que permitían regalarles pisos y exenciones fiscales. Los buitres se pusieron las botas, especialmente en la capital. Ahora la presidenta de la comunidad madrileña se ha ido a Estados Unidos a reunirse con los carroñeros. En Cataluña, los populares han recurrido en el Constitucional la ley que regula los precios de la vivienda. Recuérdelo cuando vote.
Vayamos pues a la Constitución. El artículo 128 permite la intervención en el mercado en favor del interés general y el artículo 33 avala la expropiación "por causa justificada de utilidad pública o interés social". Los jueces en distintas sentencias han obligado a los fondos buitres a devolver viviendas que se les malvendieron. Hay que recuperar muchos de esos pisos que se construyeron con dinero público, penalizar a quienes especulan y mantienen pisos vacíos para inflar la burbuja, usar el suelo público para asegurar una vivienda digna. Es un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución. El constitucionalismo es defender al ciudadano, no al mercado. Deberían recordarlo tanto PSOE como PP. Y esto nos lleva de vuelta a Berlín: exprópiese.
