El 19 de septiembre nuevamente hubo manifestaciones en el entorno a la parada militar, y volvieron a circular preocupantes imágenes de uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros. Entre estas imágenes se vieron escenas de detenciones innecesariamente violentas, un golpe a un observador de derechos humanos y el uso indiscriminado de gases lacrimógenos en un sector residencial.
El hecho que algunas personas hayan levantado barricadas impidiendo el flujo vehicular no es justificación para lo anterior: si es necesario el uso de la fuerza, esta debe ser proporcional, sin afectar a quienes se manifiestan pacíficamente, a quienes están en las cercanías sin participar de la manifestación, y a quienes están observando y registrando lo que está ocurriendo, como observadores/as de derechos humanos, periodistas o fotógrafos/as.
Irónicamente al día siguiente, el lunes 20 de septiembre, se publicaron en el diario oficial los nuevos protocolos de carabineros para el control del orden público. Estos habían sido anunciados con gran notoriedad en la prensa, con declaraciones del subsecretario Galli y entregando algunos detalles de su contenido, a fines de junio. Por eso, desde Amnistía Internacional solicitamos los protocolos, mediante ley de transparencia, la primera semana de julio tanto a la Subsecretaría del Interior como directamente a Carabineros. La Subsecretaría del Interior derivó la solicitud a Carabineros, organismo que no respondió a la derivación dentro de plazo e hicimos un reclamo al Consejo Para la Transparencia, a la fecha sin respuesta. Carabineros, por su parte, en respuesta a la solicitud directa a la institución, respondió que no lo podían entregar porque faltaban autorizaciones y, por tanto, no estaban oficializados.
Ahora, casi dos meses después del anuncio, recién se hacen públicos. Al respecto, dos reflexiones.
Primero, ¿esa es la urgencia que el gobierno da al grave problema del actuar policial violento que arrastramos por tanto tiempo? Un anuncio vacío de protocolos que ni siquiera estaban completamente aprobados y a los cuales acceden algunos medios de comunicación, pero no la ciudadanía, y que se toman semanas para decidir publicar.
Y segundo, de acuerdo a los primeros análisis, si bien podría haber algunas mejoras con los nuevos protocolos, también se mantienen algunos puntos de preocupación. Pero más allá de ese análisis de detalle, hay una inquietud previa: ¿estos nuevos protocolos harán realmente alguna diferencia en terreno? La experiencia hasta ahora es que cada vez que han cambiado los protocolos y las instrucciones, sigue existiendo uso excesivo de la fuerza, solo que cambian las formas. Hemos pasado de ver heridas por perdigones, a heridas por lacrimógenas, a empujones y golpes, a uso de gas pimienta directo a la cara, o uso de lanzaaguas directo al cuerpo y con químicos que causarían quemaduras. Esto va más allá de la regulación a nivel de instrucciones o protocolos, es un asunto de cultura institucional y de una tradición de impunidad y opacidad. Si no pasa nada cuando se infringen los protocolos, como ha sido hasta ahora, los protocolos son solamente cosméticos. Es por eso que lo que se requiere no es solamente ajustar dichos protocolos, sino la instauración de una nueva policía, una modificación integral y completa a la institución que integre los estándares de derechos humanos en todos los niveles, y asegure una debida rendición de cuentas y transparencia, tanto respecto de las autoridades de gobierno, como de cara a la ciudadanía.
