La Abogacía del Estado ha urgido al juez del caso Gali, Rafael Lasala, a que deje de investigar la clandestina entrada en España del líder del Frente Polisario y a que vete las informaciones sobre este asunto. Es decir, que impida que trasciendan libremente los datos que están aflorando durante las diligencias, que comprometen de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez y que, de momento, se han saldado con la imputación de la exministra Arancha González Laya y de quien era su jefe de gabinete en Asuntos Exteriores, el diplomático Camilo Villarino.
En la práctica y a corto plazo, la petición de la Abogacía del Estado intenta evitar que Laya declare ante el juez –aún no se ha marcado... Ver Más