El borrador de la futura ley de protección animal, que se hará público el próximo 6 de octubre, girará en torno a un objetivo claro, “el sacrificio cero”, así lo ha anunciado este jueves en el Congreso de los Diputados el director general de Derechos de los Animales, Sergio García.
En primer lugar, el director general, que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha explicado el desarrollo del proyecto de ley, el cual se divide en dos normativas: la Ley de Protección y derechos de los animales y el Real Decreto de núcleos zoológicos de animales de compañía, sobre todo para el establecimiento y ubicación de los animales.
García ha explicado que la Ley de Protección Animal gira en torno a un eje fundamental, “el control de identificación de animales de compañía”, es decir, un sistema de registro estatal que pueda “volcar en tiempo real” los datos obtenidos desde las comunidades autónomas en una misma base de datos del territorio nacional y, de esta forma, facilita los casos en los que se pierde un animal “se encuentre donde se encuentre”, así como los datos veterinarios.
Otro de los registros que entra dentro del Real Decreto de núcleos zoológicos de animales de compañía, que se encuentra dentro de los apartados de la Ley, subraya la importancia de poner en conocimiento “el núcleo zoológico, sobre todo en zonas afectadas, como los incendios” para así, establecer “planes de rescate” efectivos.
Asimismo, este método “conseguiría” controlar los anuncios en plataformas de animales de compañía, evitando que se falsee el número identificativo de núcleos zoológicos.
De este modo, se pretende establecer un sistema unificado de registros de núcleos zoológicos y cruzar los datos con los sistemas de anuncios de las plataformas, con lo cual alguien que no tenga un núcleo zoológico legalizado y sea un criador oficial registrado “no podrá poner un anuncio en ninguna plataforma de internet”.
Con esto se quiere lograr que miles de “criadores piratas”, que viven de la cría de animales de compañía, no continúen la práctica sin ningún tipo de control, así como “sacrificios innecesarios”.
Por otro lado, el Registro Nacional de Criadores serviría para controlar este tipo de acciones y asegurarse de que los criadores cumplen con los requisitos para desempeñar su labor y “la cría particular quedaría prohibida”.
El Registro Nacional de Inhabilitados para la Tenencia y el Trabajo con Animales de Compañía, que va en conjunto con el registro de animales de compañía y el registro de núcleos zoológicos, para “automáticamente imposibilitar” a una persona que esté en el registro de inhabilitados acceder a registrar un animal a su nombre o “incluso en su domicilio”.
También el Registro Nacional de Profesionales de Comportamiento Animal, el cual, ha subrayado García, “está desregulado”, ya que el 85 por ciento del sector trabaja en “economía sumergida”, así como garantizar la “educación y la formación concreta y precisa” de los profesionales que trabajan en este sector.
Por último, el Registro de Entidades de Protección Animal para facilitar el acceso a las entidades de protección y lograr atención, ayudas y profesionalidad.
Además, de los registros mencionados, García ha añadido cambios en la "regulación de las colonias felinas", trabajo con animales y el sacrificio o "eutanasia", el cual quedará a excepciones por causas justificadas.
El encuentro ha tenido lugar junto con las asociaciones protectoras de animales, que han planteado preguntas sobre asuntos penales que quedará ampliada a 56 meses de cárcel por maltrato animal que lleve al fallecimiento del mismo, subvenciones y protección de los animales, “tanto en suelo público, como en suelo privado” para una Ley que tiene previsto estar vigente el 1 de enero de 2023, "según los tiempos establecidos", ha finalizado García.
