Una gasolinera de expendio al público invierte entre 8 y 10 millones de pesos como inversión inicial, pero además, deben ‘apartar’ un millón de pesos para cumplir con las regulaciones impuestas por las autoridades mexicanas.
Sin embargo, los órganos reguladores les dan largas para recibir permisos o modificaciones, lo que afecta la competitividad del empresario que se dedica a este sector, señaló Alicia Zazueta, directora general de eServices.
“Para que un empresario solicite un permiso es porque previamente ya cumple con ciertas regulaciones con la Secretaría de Energía, pero la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no está llevando el debido proceso, existe incertidumbre en el sector porque no se garantiza el debido proceso conforme al marco jurídico vigente”, criticó.
La especialista señaló que muchos gasolineros ya han tenido que recurrir a amparos, ya que hay más de 100 estaciones de servicios que están detenidas por falta de resolutivos.
“Son estaciones de servicio finalizadas al 100 por ciento que únicamente esperan un título de permiso para operar, hay preocupación en el empresario gasolinero, pues no cuenta con certeza jurídica para seguir invirtiendo, y ya están prefiriendo llevar su dinero a otros países”, indicó.
Zazueta detalló que a estas alturas del año pasado, la CRE ya había aprobado 119 permisos, mientras que este año, la cifra va en 80 permisos.
Otro problema son las modificaciones de permisos, en las que se pueden incluir cambios de marca o de banderas, entre otras actualizaciones de los servicios que ofrecen los gasolineros y que deben reportar legalmente a la domisión.
Hasta septiembre de 2020, se habían concretado 364 modificaciones de títulos de permisos para gasolineras, mientras que este año solo se han aprobado 92.
“Esto también es muy importante, ya que estas modificaciones incluyen fusiones, cesiones, cambios de control, entre otros temas, y si una gasolinera continúa operando sin recibir el visto bueno del órgano regulador, se puede hacer acreedora a una revocación del permiso para operar”, subrayó.
La especialista legal también manifestó que la ‘cadena’ propuesta por el Gobierno de México ya está construyendo estaciones de servicio en Oaxaca y Yucatán en las que se ofrecerán precios hasta cinco pesos más baratas.
“Esto también representará una competencia directa para el inversionista del sector, y generará más incertidumbre para invertir”, indicó.
