Un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano negó este miércoles las órdenes de aprehensión contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que buscaba la Fiscalía General de la República (FGR).
Autoridades federales confirmaron a este diario que la decisión aún puede ser impugnada por la dependencia federal que encabeza Alejandro Gertz Manero.
De acuerdo con lo publicado en El Financiero por el columnista Raymundo Riva Palacio, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión contra 31 científicos, investigadores, académicos y personal administrativo del Conacyt.
La intención de la dependencia es encarcelar a dichas personas en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusados de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, según lo detallado por Riva Palacio.
El periodista explicó que la medida partió de la denuncia que presentó María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, contra miembros de la comunidad científica, por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
La denuncia de Álvarez-Buylla, según el periodista, se centra en el presunto financiamiento ilegal del Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, órgano de consulta permanente del Poder Ejecutivo federal y de la Junta de Gobierno del Conacyt.
Se acusa que los integrantes del foro recibieron presuntamente y de manera ilegal 50 millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Esa primera solicitud se presentó el 24 de agosto pasado, pero fue negada y el juez dio 15 días a la Fiscalía para perfeccionar su solicitud.
A criterio del juez de la causa penal, los hechos que pretende judicializar la Fiscalía no ocurrieron en el Estado de México, por lo que tendría que ser un juez de la Ciudad de México quien conozca del caso.
Además, estimó que la Fiscalía no justificó con fundamento, razones o motivos, por qué quiere que sean encarcelados los científicos.
Este miércoles, luego de analizar la nueva solicitud de orden de aprehensión presentada por la FGR, el juzgado decidió negar el mandamiento judicial, advirtiendo que su decisión aún es apelable.
Hasta el momento la Fiscalía no ha emitido ningún pronunciamiento oficial con relación a este caso.
