CIUDAD DE MÉXICO.- A poco más de un mes de las protestas populares del 11 de julio, la Gaceta Oficial publicó el Decreto Ley 35 para regular el uso de las telecomunicaciones en Cuba. Aunque han sido muchas las críticas recibidas, la mayoría giran alrededor del artículo 69, el cual legaliza los apagones generales de internet y de otros servicios ofrecidos por ETECSA.
Según se lee en el texto, cuando un usuario publica en redes, por ejemplo, que no tiene medicamentos para su hijo enfermo, que en el hospital no hay oxígeno, o que no tiene MLC para comer puede estar cometiendo un delito, ya que sus publicaciones impactan en el “prestigio del país”.
Precisamente el uso de categorías tan ambiguas como ésta, además de “la moralidad pública”, el “orden público” es una de las principales preocupaciones de los expertos.
“En términos jurídicos, este lenguaje solo favorece a la arbitrariedad en la aplicación de la norma. Se usan conceptos muy generales, y cualquier conducta de una persona en redes sociales, por ejemplo, podría ser incluida como parte de las conductas que esta legislación intenta evitar”, explica Laritza Diversent. La directora de Cubalex advierte que la utilización de estos conceptos, “más cuando no están definidos correctamente dentro de la propia norma, favorece el abuso de poder por parte de los operadores del derecho o instituciones que deben aplicar esta norma. Además, el ciudadano nunca estará seguro sobre cuándo incurre en una violación de estas normas”.
Sin embargo, este lenguaje confuso y presto a disímiles interpretaciones es usual en los decretos que regulan el uso de las telecomunicaciones en la isla. Desde hace dos años, el artículo 68 del Decreto-Ley 370 criminaliza las publicaciones en redes sociales, también mediante conceptos muy similares como “información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Para ello disponía multas de 3 000 pesos cubanos y el decomiso de los equipos y medios utilizados en la conexión a la web para quienes violaran la norma. Incluso si vamos más atrás, ya en 2007 el ministerio de informática había utilizado términos semejantes en la resolución 179.
Aunque el Decreto-Ley 35 volvió a poner todas las luces sobre el control de internet en Cuba y las violaciones de derechos asociados a la libertad de expresión, la censura y el excesivo control de la web en Cuba no son una práctica reciente.
Desde 1996, apenas tres años después del surgimiento de ETECSA, se reguló Internet por primera vez. A través del Decreto-Ley 209 se estableció que el acceso a las redes de información tendría un “carácter selectivo”. Además, estipuló que la información que circulara en la red tendría que estar “en correspondencia con nuestros principios éticos” y que no podría “afectar a los intereses ni la seguridad del país”. Desde ese decreto la web no era vista como un derecho, sino que sería mediada por el gobierno de Cuba y sus posturas ideológicas.
A pesar de que apenas había internet en el país, reduciéndose el acceso prácticamente a algunos trabajadores estatales, continuaron publicando periódicamente decretos para legalizar la censura, y hasta el espionaje.
En 2007, cuando aún los cubanos no podían comprar líneas de celulares, se divulgó la resolución 179 destinada a la conexión en los centros de trabajo, donde se prohibía el uso software con sistemas criptográficos o transferencia de ficheros cifrados. Además, las autoridades monitoreaban y vigilaban las comunicaciones de los trabajadores. Por esos años hubo más preocupación en escudriñar el uso, más que restrictivo, de las TICs, que en conectar al país.
Fue hasta 2013 que las personas en la isla pudieron entrar a Internet, primero en salas de navegación, pagando por hora y proporcionando todos sus datos personales para crear un usuario, la llamada cuenta Nauta. Dos años después llegaron las wifi a los parques y finalmente en diciembre de 2018 los datos móviles. Entonces, a la par que los cubanos y cubanas accedían a Internet, altas tarifas mediante, el esfuerzo del estado por trasladar sus mecanismos de control del mundo offline al online se hizo más visible. Como puede observarse en la siguiente línea del tiempo, desde finales de 2018 se han reportado los principales eventos de censura en la web y se han publicado los decretos más completos para intimidar y coartar la libertad de expresión en internet.
¿Qué ha hecho el gobierno? Bloquear sitios web que expresen críticas a su gestión, ya sea desde el periodismo o activismo e impedir el acceso a plataformas para impulsar solicitudes ciudadanas y otras herramientas que permitan sortear la censura. También quitar selectivamente la conexión a usuarios específicos, y bloquear el acceso a redes sociales y aplicaciones de mensajería ante escenarios de protesta, hasta apagar por completo el acceso a internet.
En la siguiente línea del tiempo dividimos (en rojo y en la parte superior), los principales hechos de censura impulsados por el gobierno cubano desde los 90 hasta hoy. Mientras que (abajo y en azul) colocamos algunos puntos destacables que narran cómo fue, lentamente, conectándose la isla. Aunque el Decreto-Ley 35 parece ser la norma más completa para regular el uso de las telecomunicaciones en la isla, es el resultado de un largo camino recorrido por el gobierno de Cuba hacia la censura en Internet.
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