El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que interpusieron PP y Vox contra el decreto de la 'ley rider'. Esta norma obliga, desde el pasado 12 de agosto, a las plataformas de reparto a domicilio como Glovo y Uber Eats a contratar a sus repartidores, tratando de poner fin a la polémica de la relación laboral que estos mantenían con las empresas, que les obligaban a ser autónomos. Además, también permitía a los representantes de los trabajadores a acceder a los algoritmos de las compañías por si interferían en las condiciones laborales de los repartidores.
Tanto PP como Vox entienden que el decreto no se ajustaba a «la 'situación de extraordinaria y urgente necesidad' constitucionalmente requerida» para recurrir al decreto ley. En concreto, la norma fue aprobada el mes de mayo, pero se le dieron tres meses de plazo a las plataformas para adaptarse a la ley.
Ambos partidos entendieron que ofrecer ese límite de 90 días era una incongruencia con la naturaleza de urgente necesidad que requiere un decreto ley.
Ahora el TC ordena dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
La entrada en vigor de la 'ley rider', como informó ABC, no tuvo el efecto deseado por el Gobierno. Las plataformas buscan los resquicios legales para evitar el mayor número de contrataciones directas en sus nuevos modelos laborales, dejando de nuevo en manos de los jueces la decisión de determinar si están cometiendo fraude laboral. Así, los autónomos continuarán en el sector y los sindicatos seguirán llevando a los juzgados más denuncias.
