La defensa del ex responsable de la inteligencia Venezolana bajo gobiernos de Hugo Chávez, Hugo Armando Carvajal, ha presentado este viernes un escrito ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en el que solicita la paralización de urgencia de la extradición a Estados Unidos que fue acordada por la Audiencia Nacional en 2019 y autorizada por resolución del Consejo de Ministros y que no se ha ejecutado hasta ahora porque él estaba en fuga.
Según informan en fuentes jurídicas a ABC, la petición se basa en que aquella decisión de entregarle a las autoridades estadounidenses, que le reclaman por delitos de narcotráfico y organización terrorista, fue recurrida ante el propio Tribunal Supremo y aún no se ha resuelto. Los letrados sostienen que si se ejecuta finalmente la entrega, será una decisión irreversible por más que la instancia española le acabase dando la razón, ya que Estados Unidos nunca le devolvería.
Por eso, piden que de forma cautelarísima se garantice la estancia en España de Hugo Carvajal, que fue detenido este jueves en un piso de la zona madrileña de San Juan Bautista, en el distrito de Ciudad Lineal, donde había permanecido escondido al menos, ocho meses de los casi dos años que estuvo en fuga, tal y como contó él mismo a los agentes en comisaría.
Tras pernoctar en dependencias policiales, este viernes ha sido trasladado a la Audiencia Nacional donde la Sección Tercera, la misma que asumió la tramitación de la extradición, ha dictado una providencia para notificar a Instituciones Penitenciarias su condición de detenido. Esta tarde ha ingresado en la cárcel de Estremera, que cuenta con un módulo de respeto para miembros de fuerzas y cuerpos de Seguridad y que no le es ajeno, ya estuvo allí en preventiva mientras se tramitaba la extradición. Ahora, lo que espera es la materialización de la entrega.
No obstante, no está tan claro que vaya a ser inminente. El 3 de marzo de 2020, cuando Carvajal llevaba ya cuatro meses fugado, llegó a la mesa del Consejo de Ministros el expediente de extradición junto con el aviso de que un año antes había solicitado asilo. En un oficio al que tuvo acceso este diario, la Secretaría de Estado de Justicia comunicó este hecho Interpol y al director del centro penitenciario para que constase en el expediente.
El asilo, aún pendiente
El documento llevaba un recordatorio: que a Ley de Asilo, «obliga a comunicar inmediatamente la solicitud de protección internacional al órgano gubernativo que conozca de la extradición a fin de coadyuvar y facilitar la suspensión de la ejecución del fallo del proceso de extradición, esto es, no proceder a la ejecución de la entrega policial de la persona reclamada mientras se halle pendiente de resolución la antes mencionada solicitud».
Cabe recordar, con todo, que Carvajal solicitó asilo a España en calidad de venezolano aduciendo persecución política en Venezuela por el cambio de régimen tras la muerte de Hugo Chávez, al que siempre fue leal, y la llegada de Nicolás Maduro. De hecho, el general había anunciado en redes su adhesión a Juan Guaidó, cerrando así la puerta a un regreso a su país.
Pero la extradición no la piden las autoridades venezolanas sino las estadounidenses y según la jurisprudencia consultada por este diario, podría no ser incompatible que recibiese protección subsidiaria en España respecto de un Estado y fuese entregado a otro.
En una sentencia de enero de 2019, la Sala de lo Contencioso razonaba en una casación por un asunto similar, que si se ha acordado la extradición a un país es porque ya se ha descartado que el afectado pueda sufrir en aquel tratos inhumanos o degradantes, o algún tipo de ilegalidad incompatible con ponerle en manos de sus autoridades. Protegerle frente a Estados Unidos sería declarar que no es un país garantista llevando además, la contraria, a la Audiencia Nacional.
