Desestima el recurso interpuesto por el expresidente catalán, que decía que su aforamiento alcazaba a "cualquier instancia"
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas asegura que la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán Carles Puigdemont no le exime de la fianza reclamada por el órgano fiscalizador en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos de la Generalitat de Cataluña para las 'embajadas catalanas' y el Diplocat.
En un escrito de ocho folios, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal jefe de sala Miguel Ángel Torres desestima el recurso presentado el pasado mes de julio por el líder independentista.
"Procede indicar que, en relación con la protección reconocida en el Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades en la Unión Europea, cabe señalar que no resulta de aplicación a un procedimiento de naturaleza administrativa, dirigido a determinar la exigencia de responsabilidades contables", precisa.
En este sentido, además, el fiscal insiste en que el presente procedimiento "no limita, en forma alguna, el derecho a la libertad de movimientos del recurrente ni tiene naturaleza penal o sancionadora".
Puigdemont había pedido que se anulara la caución requerida al considerar que "tiene reconocida inmunidad como europarlamentario" que "alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas".
En su recurso, el expresidente catalán reprochaba también la actuación del órgano fiscalizador y aseguraba que la afirmación realizada por la delegada instructora durante el acto de liquidación de que su inmunidad se extiende únicamente a los procesos penales es "contraria a derecho".
El fiscal respalda la actuación de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas en el escrito en el que desestima las alegaciones de Puigdemont.
Según el acta de liquidación notificada en julio, el órgano fiscalizador reclama a 34 ex cargos del Govern cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos de trabajo. Todos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total.
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