La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado que la negociación en el seno del Gobierno de coalición para los Presupuestos Generales de 2022, que se pone en marcha estos días, lleve aparejada otras negociaciones, como la regulación de los alquileres (que va camino de sumar un año de retraso), una "reforma fiscal justa" que afecte al alza a las grandes empresas y a la baja a los sectores afectados por la pandemia y la regulación del mercado eléctrico, incluida la prohibición del corte de suministros básicos. Así lo ha expuesto la también ministra de Derechos Sociales ante el Consejo Ciudadano del partido, que se ha reunido este viernes de forma telemática.
"En los próximos meses el Gobierno se juega su reelección", ha asegurado Belarra en el discurso inicial ante el máximo órgano del partido entre asambleas. Para que PSOE y Unidas Podemos puedan revalidar el Ejecutivo de coalición en las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2023 o principio de- 2024, "el Gobierno tiene que desplegar una agenda social y de profundización democrática ambiciosa que permita responder con éxito a lo que nos está reclamando la ciudadanía de nuestro país", ha añadido la ministra.
En Podemos creen que a partir del año que viene la política española entrará en modo electoral, con la posibilidad de varios adelantos en ciertas comunidades autónomas, especialmente Andalucía, y la necesidad de comenzar a engrasar la maquinaria ante las municipales y autonómicas de mayo de 2023. Para Belarra los Presupuestos de 2022 pueden ser un buen instrumento para avanzar en las políticas que, dice, demandan las bases progresistas de ambos partidos y de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno. "Unidas Podemos debería aspirar no ya a una recuperación que nos lleve al punto en el que estábamos antes de comenzar la pandemia, sino a una reconstrucción de nuestro país sobre nuevos cimientos que nos permita incorporar los aprendizajes de este año y medio tan duro y construir un nuevo proyecto común de país basado en la justicia social, la sostenibilidad, el feminismo, el fortalecimiento democrático y la soberanía", ha expuesto Belarra ante los dirigentes del partido que lidera.
"Tenemos la oportunidad y el deber de construir el nuevo país", ha proseguido, "de la mano de las madres que crían solas, de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores precarios, de las personas mayores, de los niños, de las personas migrantes o en situación de dependencia".
Belarra ha reconocido que hay "una tensión constante" con el socio mayoritario de la coalición, el PSOE, que a veces se ha inclinado de parte de Unidas Podemos. "A veces no logremos todos los avances que queremos", ha reconocido, para felicitarse por medidas "que no se explicarían" sin su presencia, "como el escudo social, los ERTE, la subida del salario mínimo interprofesional, la ley de libertades sexuales, la prohibición de la publicidad de las casas de apuestas o la reducción de los beneficios de las eléctricas".
Precisamente a esta última medida, todavía en tramitación parlamentaria, achacan en Podemos la imparable subida del precio de la luz en el mercado mayorista. "No hay más que fijarse en la guerra que las eléctricas han declarado al primer Gobierno que se ha atrevido a tocar sus 'beneficios caídos del cielo", ha asegurado este viernes.
Avanzar en la intervención del mercado eléctrico será, precisamente, uno de los elementos centrales en la negociación de los Presupuestos Generales en el seno del Ejecutivo. Un acuerdo que "debería contemplar medidas efectivas para regular el mercado eléctrico y prohibir los cortes de suministros básicos", algo que desde Unidas Podemos ya plantearon en abril a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y que ahora el PSOE quiere plantear, pero ligado al ingreso mínimo vital.
Para Belarra, "no se puede bajar el precio de la luz sin tocar los beneficios del oligopolio eléctrico". Es decir, hay que ir más allá de disminuir el impacto de los impuestos en la factura, que además tiene efectos negativos en la recaudación del Estado y, por tanto, del dinero disponible para abordar los programas sociales.
La ministra de Derechos Sociales ha añadido: "Ni se pueden regular los precios del alquiler sin que los grandes propietarios dejen de hacer negocio con el derecho a la vivienda". Esta es la otra gran batalla abierta en el seno del Ejecutivo caso desde el inicio de la legislatura, pero especialmente tras la negociación de los actuales Presupuestos Generales. El PSOE y Unidas Podemos acordaron cerrar la ley estatal de vivienda a principios de 2021 e incluir "mecanismos de contención y eventualmente de bajada de los precios". Casi un año después de aquél pacto, la ley sigue atascada ante la negativa socialista de topar las rentas en las zonas tensionadas y apostar por los beneficios fiscales para los propietarios bajen el alquiler.
Sobre este punto concreto, que además negocia directamente Belarra con el Ministerio de Transportes que dirige Raquel Sánchez, la secretaria general de Podemos ha señalado que "no sería lógico abordar esta negociación sin que los acuerdos cerrados el año pasado fuesen ya una realidad".
El tercer punto que Belarra ha señalado que debe incluirse en la negociación de los Presupuestos es el de "una reforma fiscal justa" que permita a España acercarse "en recaudación a la media europea". La ministra ha insistido en una medida que ya recoge el acuerdo del gobierno de coalición firmado por Pedro Sánchez y el ya exvicepresidente Pablo Iglesias: un tipo mínimo efectivo del 15% para el Impuesto de Sociedades que pagan las grandes empresas para que contribuyan "al menos tanto a las arcas públicas como lo hacen los trabajadores por cuenta ajena".
"Una reforma fiscal justa debería incluir también la eliminación de la tasa rosa [es decir, el IVA vinculado a productos de higiene femenina] y la bajada del IVA de sectores tan golpeados como las peluquerías", ha concluido.
La secretaria general de Podemos también ha abordado en su discurso en abierto "el elefante en la habitación" que es, en su opinión, la existencia de "dos instituciones del Estado" que "están poniendo en cuestión las propias reglas de la democracia, causándole un grave daño". Son, según Ione Belarra, la Monarquía y el Consejo General del Poder Judicial, que "lleva más de dos años y medio pendiente de la renovación que le exige nuestra Constitución".
"¿Porqué no dimite Lesmes si está tan preocupado?, ¿por qué siguen haciendo nombramientos clave en el poder judicial, asociados siempre además al Partido Popular?", se ha cuestionado la dirigente. Partido al que ha acusado de situarse "permanentemente fuera de la legalidad".
En cuanto a la Monarquía, Belarra ha dicho que "los datos sucesivos sobre los negocios del rey emérito hacen cada vez más insostenible su huida" y colocan a la institución "en una situación imposible de cuestionamiento social". "Se ha hecho evidente que el anterior jefe del estado utilizó su posición para hacer negocio y no para defender los intereses de España. El rey Juan Carlos debe rendir cuentas ante la justicia para que España pueda decirse a sí misma que efectivamente todos y todas somos iguales ante la ley, y tiene que asumir responsabilidades políticas ante la ciudadanía respondiendo ante el Congreso de los Diputados", ha zanjado.
