Los patos de La Ricarda como pretexto. La decisión del Gobierno de retirar el plan inversor para la ampliación del Aeropuerto de El Prat (1.700 millones de euros) por los titubeos de la Generalitat ha provocado un fenomenal embrollo político, en el que tanto el Ejecutivo como la administración autonómica se culpan mutuamente de haber echado a perder un proyecto estratétigo.
El puñetazo sobre la mesa del Gobierno se explica por la oposición del Govern, singularmente de ERC, a que el proyecto pueda llegar a afectar la zona protegida de La Ricarda, en lo que de hecho fue un cambio de postura brusco, incomprensible si se tiene en cuenta de que esta afectación se daba por asumida en mayor o menor medida por todas las partes.
Tal y como demuestran los documentos que AENA hizo ayer públicos, desde hace meses los técnicos de la Generalitat conocían que la afectación era inevitable. Y sin ir más lejos, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, manifestaba el pasado 26 de agosto en una entrevista en Catalunya Ràdio que el compromiso de su partido era que el proyecto de El Prat, no afectase al «núcleo central del espacio de La Ricarda». Admitiendo implícitamente que algún tipo de imapcto era inevitable.
Es lo que se estableció de hecho en la reunión del 2 de agosto en la que Gobierno y Generalitat acuerdan llevar adelante la inversión, una encuentro, en el marco de la comisión bilateral de la que, a falta de que se publiquen las actas, existen versiones distintas. Mientras que la nota de prensa elaborada por Fomento sí se remarcaba que el proyecto afectaría a la zona protegida, en la del Govern se traspasaba a la redacción del Plan Director (unos dos años de margen) la concreción de un proyecto que tendría como objetivo reducir "a la mínima expresión cualquier afectación a entornos mediambientales protegidos". Ligeros matices, pero una misma conclusión: la afectación iba a ser inevitable.
Sobre esta base, la decisión de la Generalitat de marcar la afectación en La Ricarda como una línea roja (algo subrayado por ERC y ahora también asumido por Junts, como ha expresado esta misma mañana la concejal Elsa Artadi) sorprendió al Gobierno, y llevó a la retirada del plan. El anuncio de que incluso ERC podría sumarse a la manifestación contra el proyecto convocado por ecologistas y comunes para el día 19 fue la gota que colmó el vaso.
El Gobierno seguirá invirtiendo
En este contexto, fuentes del Gobierno señalaron que la decisión de retirar el plan es firme, pero que ello en ningún caso debe verse como un castigo. En este sentido, fuentes del Ejecutivo consultadas por ABC insisten que la "voluntad inversora" en Cataluña persiste, citando por ejemplo las importantes actuaciones previstas en Cercanías.
