El vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha reclamado al Ejecutivo central que explique "qué modelo" defiende una vez que este martes 31 expiren las concesiones de cuatro vías catalanas, en las que ya no habrá que pagar peajes.
En declaraciones a los periodistas, Puigneró ha celebrado que en la AP-2, la AP-7, la C-32 Norte y la C-33 se vayan a levantar las barreras de los peajes a partir de la medianoche del 1 de septiembre, dado que "los ciudadanos están cansados de pagar peajes en Cataluña".
Será "un día histórico" puesto que se pondrá fin a "una forma de expolio que hacía demasiados años que duraba, un agravio comparativo que han debido soportar los catalanes", según ha denunciado.
"Mientras en el resto del Estado no pagaban por utilizar las autovías que el Estado construía, en Cataluña tenían que pagar para poder usarlas. Este modelo no volverá: el modelo de peajes en Cataluña se ha acabado", ha asegurado el vicepresidente del Govern.
Una vez expiradas estas cuatro concesiones, Puigneró ha lamentado no saber "cuál es el modelo del Estado español" para financiar las autopistas.
"La Unión Europea nos pide que quien más utiliza y más contamina pague más" y el Govern apuesta por el modelo de viñeta -una suerte de tarifa plana- "en línea con lo que dice la Unión Europea", pero el Ejecutivo central no ha aclarado cuál es su propuesta, ha proseguido.
El vicepresidente catalán ha dicho que "a la espera de conocer el modelo" por el que aboga el Estado, la Generalitat financiará vía ley de presupuestos el mantenimiento de las carreteras que son de su competencia, la C-32 Norte y la C-33.
En concreto, el Govern estima que deberá destinar 6 millones de euros al año para el mantenimiento de estas dos vías, a sumar a una primera inversión de 7,5 millones de euros para "eliminar el rastro" de los actuales peajes y a 15 millones que deberán destinarse cada cinco años para actuaciones extraordinarias de mantenimiento.
También ha insistido en pedir el traspaso de todas las carreteras a la Generalitat, como ocurre con el gobierno autonómico vasco, dado que una parte (como por ejemplo la AP-2 y la AP-7) siguen siendo de titularidad estatal.
Por otro lado, ha solicitado al Gobierno que "rescate" la C-32 Sur y la C-16, las dos vías que seguirán contando con barreras de peajes tras el 31 de agosto (uno en la primera vía, tres en la segunda), lo que según sus estimaciones implicaría una inversión de 1.500 millones de euros ("un 10 % del déficit fiscal anual de Cataluña", ha apuntado).
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