Ya hay cifras oficiales que señalan que en el curso escolar de la pandemia el porcentaje de suspensos en segundo de Bachillerato se redujo a la mitad respecto al curso anterior (2018-2019). Los propios datos del Ministerio de Educación señalan que eso permitió promocionar a la Universidad o a la Formación Profesional de grado superior al 91,8 por ciento de los alumnos. Este fuerte aumento de los aprobados se dio en todas las etapas del sistema educativo, lo que evidencia una tendencia global a que merme la exigencia de las competencias mínimas necesarias para superar el curso. Hay casos francamente sorprendentes, como el ocurrido en un centro público de Sevilla donde a un alumno de segundo de Secundaria se le aprobaron las ocho asignaturas suspendidas que tenía a pesar de que ni siquiera iba a clase. La familia reclamó ante tan extraordinaria cosecha de calabazas, los profesores cambiaron la nota en bloque y el chico pasó de curso.
Aunque extremo en sus términos, este caso encaja con ese clima de falta de exigencia que se impone en las aulas desde hace algunos años y que evidentemente se acentuó durante la pandemia con la suspensión de las clases presenciales durante y después (aunque ya limitada) del confinamiento. Lo denunciaba recientemente el sindicato CSIF: «Los docentes están hartos porque suspenden a un alumno y, si en la junta de evaluación sus colegas así lo votan, este al final pasa». Los datos del presunto coladero establecido en las aulas son previos a que comience a aplicarse la ‘ley Celaá’, donde ya se consagra y hace oficial esta tendencia de renuncia a los principios del esfuerzo y la exigencia (al menos mínima) de que esta sea incontrovertible para cada alumno. Según la nueva normativa, a partir de ahora se institucionaliza y lo de aprobar para superar el curso es casi irrelevante. Al parecer, y según marca la ley, mucho más importante que el número de aprobados o suspensos es que el alumno «haya alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez». En román paladino, si a juicio del claustro el chaval es maduro superará el curso haya aprobado o no.
El dato es importante porque la ‘ley Celaá’ no es una reforma del sistema educativo sino el asalto definitivo para propiciar su nacionalización, con una táctica, por ejemplo, de arrinconamiento a la enseñanza concertada, pilar insustituible de la formación de niños y jóvenes de nuestro país. El objetivo es ideológico: vaciar de exigencia y excelencia la educación de futuros ciudadanos, libres, formados y críticos, para crear generaciones más contextualizadas en el modelo de ‘sociedad soft’ que persigue la izquierda, donde valores como el esfuerzo o la autoridad del profesor en el aula deben ser difuminados o directamente eliminados. El papel de los docentes como maestros de conocimientos se ha ido degradando, preterida su figura ante unos ‘neovalores pedagógicos’ dominantes en el pensamiento progre, inconcretos pero útiles para la transformación que pretende la izquierda. Pero se equivocan. La autoridad de maestros y profesores no emana de una exhibición de fuerza, sino de su capacidad para implicar a los alumnos en un ejercicio común de cultura y aprendizaje. Lo que propone el Gobierno con sus decretos de enseñanzas mínimas hace que los profesores, en vez de eje de un buen sistema educativo, sean personajes tan accesorios como adquirir los conocimientos necesarios para aprobar para pasar de curso.
