El informe con el que la Fiscalía de Menores de Ceuta apoyó este domingo que se suspendiera la repatriación a Marruecos de un grupo de niños y adolescentes que se encontraban en la ciudad autónoma se despacha contra Interior por haber fundamentado esa decisión en un mero oficio «sin firma» como única argumentación jurídica: «En el presente caso, de la documental aportada, no consta la tramitación que, para la repatriación de menores no acompañados, exige nuestra legislación de Extranjería».
Este lunes, la Fiscalía ha vuelto a avalar la paralización de otras expulsiones en un criterio que, según informan en fuentes de este organismo a ABC, se mantendrá invariable mientras el departamento de Fernando Grande-Marlaska no aporte los expedientes que acrediten que el proceso ha seguido las previsiones legales.
En su escrito del domingo, que llegaba tarde porque los menores a los que hacía referencia fueron expulsados a las diez de la mañana, la Fiscalía de Ceuta apoyaba la suspensión cautelar que pedían la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces por ser «evidente» que concurrían razones de urgencia, ya que la repatriación se iba a ejecutar esa jornada y su resultado sería de difícil reparación.
Pero su argumentación giraba en torno al modo en que Interior ha gestionado este asunto, pues de la decisión adoptada de devolver a los menores a Marruecos «solo consta como fundamentación jurídica de la misma un oficio de la Secretaria de Estado de Seguridad, sin firma, en el que se dice que se va a proceder a la repatriación de los menores demandantes en previsión de lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo entre España y el Reino de Marruecos» al respecto, pero nada más.
Conforme recordaba el fiscal, ese mismo acuerdo fija que el retorno sólo puede ejecutarse «con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de Derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los derechos del niño». En el caso de la Ley de Extranjería, implica un expediente individualizado que analiza la situación y el contexto del niño, emitir una resolución, darle audiencia, notificarle y darle oportunidad de recurrir. No consta, de acuerdo a la Fiscalía, que esto se haya realizado.
«Por ello, resulta apropiado acordar la suspensión solicitada mientras la autoridad administrativa correspondiente no aporte el expediente administrativo incoado y la resolución administrativa que corresponda», concluía el primer escrito de la Fiscalía ceutí, que mantiene abiertas diligencias preprocesales para esclarecer qué está ocurriendo con los menores en este caso.
Este lunes ha mantenido el criterio y de nuevo, ha apoyado la paralización de la expulsión de nueve menores que esta vez, ha acordado el juzgado. En un informe suscrito por la fiscal Jefe, recupera los mismos argumentos para añadir «en el presente caso, de la documental aportada, no consta la tramitación que, para la repatriación de menores no acompañados, exige nuestra legislación de extranjería».
De acuerdo a las fuentes consultadas, este será el criterio del Ministerio Público en tanto Interior no aporte los expedientes. El malestar con el departamento de Grande-Marlaska es patente ya desde el pasado viernes, cuando comenzaron a ejecutarse las primeras repatriaciones. Según avanzó entonces ABC en fuentes de la Fiscalía de Menores, la decisión se había tomado sin contar en absoluto con el Ministerio Público, que había decidido incoar diligencias y que 24 horas después, pediría a Interior que proporcionase toda la información respecto del procedimiento seguido para repatriar a estos menores.
Sin embargo, esa información no acaba de llegar. De hecho, de acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por este diario, la Delegación del Gobierno proporciona a la Fiscalía de Menores de Ceuta los listados con los nombres de los afectados por la repatriación una vez esta ya se ha producido, «o el día después o a última hora del mismo día», de manera que no están teniendo siquiera acceso a la información más básica.
Esto explica, según las mismas fuentes, que la Fiscalía de Ceuta no haya actuado de oficio para solicitar la paralización de las expulsiones. Esperan que las diligencias preprocesales incoadas den fruto y consigan la información necesaria para al menos, saber que está pasando y a partir de ahí, ver cómo actuar. De momento y en tanto eso no ocurra, respaldarán las peticiones particulares de suspensión cautelar. Está por decidir, eso sí, cuál será su criterio respecto de la petición de habeas corpus de varios de los menores afectados.
La situación es tal que desde los servicios de protección a la Infancia de Ceuta se ha pedido amparo a la propia Fiscalía para que interceda y pare unas repatriaciones en las que, aseguran, ellos tampoco han tenido nada que ver, tal y como adelantó la SER y confirmó este diario. Y eso que en virtud de la Ley de Extranjería, es la entidad que ejerce la protección la que elabora la propuesta de repatriación o reunificación familiar y lleva el peso del expediente sobre el menor. No habría sido así en este caso.
