"Vivo en esta casa con mi perro desde hace cinco años porque la entonces propietaria, que era amiga de mi familia, me dejó instalarme a cambio de hacerle una reforma. Luego ha ido cambiando de propietarios y nadie me reclamó nada hasta que a finales de julio vino la Policía Local con servicios sociales a decirnos que teníamos que irnos por riesgo de derrumbe al estar el edificio supuestamente en ruinas, cuando unos días antes vinieron unos arquitectos municipales que no se identificaron y dijeron que había cosas que arreglar del edificio, pero que no estaba para derribar".
Así describe Tania Rubin, de tan solo 32 años, la situación que atraviesa en las últimas dos semanas. Ella es una de las afectadas por el desalojo de nueve viviendas ordenado por el Ayuntamiento de València en dos edifcios de la calle Manuel Arnau del barrio de la Creu Coberta de València, concretamente en los números 9 y 11, por su estado de ruina.
Todos ellos debían abandonar las viviendas el pasado 2 de agosto, pero finalmente el desalojo quedó paralizado durante diez días gracias a la presión realizada desde primera hora de la mañana por el sindicato del barrio Construyendo Malilla junto a los afectados y a la mediación con el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana para buscar una alternativa, y tras la evaluación efectuada por los bomberos y un trabajador social.
Este jueves 12 de agosto se cumplió el plazo de 10 días otorgado, sin que todos los núcleos familiares lograran alcanzar un acuerdo con la Administración para que abandonen sus domicilios. Efectivos de la Policía Local, junto a trabajadores sociales del Ayuntamiento de València, se presentaron a primera hora de la mañana en los inmuebles para solicitar el desalojo, ante la oposición de varios de los residentes del número 11, que contaron con el apoyo de sindicato, cuyos miembros se situaron en el acceso al grito de "¡No nos vamos sin alternativa!".
Finalmente, el número 9 quedó desalojado, al aceptar las dos familias que vivían en las viviendas con menores, sendos pisos sociales con un alquiler de bajo coste ofrecidos por la Conselleria de Vivienda en localidades de las comarcas de La Safor y Utiel-Requena.
En el otro edificio, además de Tania, los residentes de otras dos viviendas se negaron a abandonarlas al no alcanzar un acuerdo con los servicios sociales para trasladarse a un albergue o para aceptar una ayuda para sufragar un alquiler.
"Me han ofrecido irme a una vivienda compartida de un centro de mujeres, algo que es inviable porque no puedo llevarme al perro y no lo pienso dejar en la calle abandonado, para mí es como mi hermano; no pueden echarnos así de la noche a la mañana sin una orden judicial y sin darnos una alternativa digna. Solo aceptaré un alquiler social en una vivienda en la que pueda vivir con mi perro como hasta ahora", explica Tania.
La joven valenciana afirma que acaban de concederle 600 euros de la renta valenciana de inclusión, pero que es una cantidad insuficiente para poder acceder a una vivienda de alquiler de renta libre y además sufragar el resto de gastos: "Estoy buscando trabajo porque tengo el grado superior de eduación infantil y el medio de cuidadora de dependientes, aunque aceptaría un empleo en cualquier sector; pero hasta entonces tengo que vivir con los ingresos de la prestación y no me puedo permitir un alquiler. Por lo tanto, mis abogados me han dicho que me quede mientras no haya una orden judicial para el desalojo".
Por su parte, la concejala de Bienestar y Derechos Sociales, Isabel Lozano, explica que "en el momento en el que Urbanismo, tras una inspección, decretó la necesidad inminente de desalojo por el peligro que suponía para la seguridad de las personas residente se activó desde servicios sociales un trabajo intensivo para buscar diferentes alternativas para las 23 personas afectadas".
Lozano añade que "con estas personas ya se estaba trabajando hace tiempo como con el resto de personas que viven en viviendas precarias y todas ellas cobran ya algún tipo de prestación". En este sentido, se les ha ofrecido diversas alternativas como "ayudas económicas para pagar varios meses de alquiler, posibilidad de acceder a una residencia, a viviendas compartidas, acceder a alguna vivienda por parte de la Conselleria".
La edil ha remarcado que siguen trabajando en estas opciones y que es fundamental "la seguridad para estas personas", por lo que ha pedido a los colectivos sociales que les están apoyando que "ayuden a garantizar su propia seguridad" y que "no se cuestione el trabajo municipal que está siendo muy intenso y no les animen a quedarse porque se está poniendo en riesgo su integridad".
